Escribo esto después de construir más de mil viviendas y haber pensado -desde la primera- en su seguridad estructural. Ética que no significa hacer algo ‘antisísmico’, porque sería irreal, pero sí construcciones que preserven la vida de las personas en el caso de un evento fuerte, como el de abril.
Sismo que, según un ingeniero estructural, no fue el que mató a 661 personas; lo hicieron los inmuebles mal construidos.
Los edificios que fallaron -tal como ya sucedió en sismos anteriores- lo hicieron debido a la falta de elementales criterios de seguridad; a la pobreza de nuestra cultura constructiva, que no ve maneras de construcción técnica y económica (cualquiera es constructor); y al desconocimiento de las normativas básica de edificación general y sismorresistente.
Se notó la tradicional irregularidad en la mayoría de las construcciones civiles en zonas urbanas pobres, que son las más propensas a sufrir una catástrofe; y en general, la falta de regulación y control del crecimiento de las ciudades por los propios municipios, que se autolegislan y no al compás de los intereses generales.
El sismo desnudó, asimismo, la falta una Ley de Ordenamiento Territorial que imponga a todos una sola manera de hacer y construir ciudades pensando en el bien común.
Lo paradójico es que el proyecto de ley ya fue aprobado en días pasados en la Asamblea Nacional. Y pretende que una ‘superintendencia’ puesta por encima de los GAD y DM ‘vigilará y controlará’ los asuntos relativos a óptima planificación, construcción y otros…
En fin, hay una ignorancia generalizada de donde vivimos y una inobservancia de principios elementales para asegurar la vida, evitando defectuosas construcciones destinadas a matar personas, como ha vuelto a suceder en abril.