30 de diciembre de 2016 11:53

Naciones Unidas critica medidas contra Acción Ecológica 

Esperanza Martínez junto a los miembros de Acción Ecológica hablaron sobre la notificación del Ministerio de Ambiente, por pedido del Ministerio del Interior, sobre la disolución de la organización en el país. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

Esperanza Martínez junto a los miembros de Acción Ecológica hablaron sobre la notificación del Ministerio de Ambiente, por pedido del Ministerio del Interior, sobre la disolución de la organización en el país. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

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Adriana Noboa
y Agencia EFE

Un grupo de expertos independientes en derechos humanos de la ONU criticó hoy, viernes 30 de diciembre, "las medidas represivas" del Gobierno ecuatoriano para "asfixiar a la sociedad civil", tras una orden de cierre contra la ONG Acción Ecológica que apoya los derechos ambientales e indígenas.

Así lo transmitieron los relatores sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la situación de los defensores de derechos humanos; las obligaciones en materia de derechos humanos relativas al disfrute de un medioambiente seguro, limpio, sano y sostenible; y los derechos de los pueblos indígenas.

Indican que el 18 de diciembre, Acción Ecológica pidió en Ecuador una Comisión de Paz y Verdad para explorar los atentados contra los derechos indígenas y ambientales.

Dos días después, el Ministerio de Ambiente inició el proceso de disolución de la ONG, dándole al grupo 24 horas para responder y diez días para presentar pruebas de defensa.
"La medida contra Acción Ecológica se produce en medio de un conflicto con los indígenas shuar que tratan de detener las actividades mineras en lo que consideran sus tierras", señalan los expertos de la ONU.

“Parece que está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial”, indicaron. “Esta estrategia de asfixiar la sociedad civil se ha implementado a través de dos decretos -16 y 739- que otorgan a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización”.

El grupo de expertos está conformado por Maina Kiai, David Kaye, Michel Forst, John H. Knox y Victoria Lucia Tauli Corpuz.  Estos Relatores forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y la ONU aclaró que trabajan de manera voluntaria; no son parte del personal y tampoco perciben un salario.

El grupo de expertos independientes exhortó por a las autoridades ecuatorianas a revocar la decisión y reformar la legislación que está utilizando para disolver a los grupos.

Para ello renovaron su oferta de asistencia técnica al Gobierno.
Los relatores ya han criticado al Gobierno de Quito por disolver grupos como Pachamama y la Unión Nacional de Educadores, e intentar también cerrar la ONG Fundamedios en los últimos tres años.

A su juicio, "es irónico que el mismo Gobierno de Ecuador que encabeza el esfuerzo internacional positivo para hacer que las empresas rindan cuentas a través de un tratado vinculante, esté reduciendo el espacio para que los grupos locales le pidan que rinda cuentas".

Los expertos pidieron al Gobierno del presidente Rafael Correa que garantice que todos los miembros de grupos, en particular los que defienden los derechos humanos, puedan ejercer plenamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluyendo su capacidad de criticar las políticas y prácticas gubernamentales.

La versión del Gobierno

Según el Ministerio del Interior el accionar del grupo ambientalista se aleja de sus fines y objetivos por los que fue creada, “promocionando la violencia y la discordia social”.

“Acción Ecológica ha dejado clara su postura de apoyo en redes sociales a los actos violentos producidos en el campamento minero de la empresa EXSA, en Morona Santiago, el 21 de noviembre y el 14 de diciembre pasado y participando en movilizaciones que promocionan la discordia y enfrentamientos con la fuerza pública”, dice el comunicado de la entidad sobre el proceso.

Y agrega que estas acciones están prohibidas en las normativas establecidas para el funcionamiento de estas organizaciones, ya que injieren en las políticas públicas adoptadas y atentan contra la seguridad interna del Estado, afectando la paz pública.

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