Redacción Sociedad
Pese a que para julio Ecuador espera cumplir con la meta de erradicar el trabajo infantil en los basurales, la relatora de las Naciones Unidas (ONU), Gulnara Shahinianla, denunció que los niveles de trabajo infantil son alarmantes.
Esa fue la primera impresión de la experta en Formas Contemporáneas de Esclavitud, en su visita de ocho días al país. Tal afirmación es compartida por organizaciones ecuatorianas de la Niñez y Adolescencia.
Para Jorge Pozo, coordinador de Políticas del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (Cnna), es una realidad. Pero aseguró que “el Estado hace grandes esfuerzos por erradicar el trabajo infantil, incluso es una de las seis políticas de la agenda social”. Agregó que una de esas acciones es la erradicación del trabajo
infantil en los basurales, 1 925 niños y adolescentes trabajadores, de un total de 2011, ya fueron rescatados.
Según Pozo, hay que esperar el informe final que la Relatora anunció estará listo en los próximos meses, “las aseveraciones son sus primeras impresiones”.
Shahinianla destacó los programas que el Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado ejecutan para afrontar la situación de los niños y niñas trabajadores. Sin embargo, lamentó que dichas acciones “aún no hayan logrado una cobertura completa y que no sean asequibles a todos”.
Patricio Cajas, presidente del Foro por la Niñez y Adolescencia, opinó que faltan políticas públicas más integrales y que las ONG son las que han trabajado al respecto. “La responsabilidad no es solo oficial sino social, el factor cultural es preponderante. Las familias aún creen que es mejor que el adolescente ayude con los gastos de la casa”. Esto se debe, dijo, a la falta de una oferta educativa, en especial en las zonas rurales.
Shahinianla señaló que en Ecuador muchos niños “son el blanco principal del trabajo por deuda, de la servidumbre, del trabajo forzoso y de la mendicidad”. Otro de los males detectados es que las niñas y niños, víctimas de acosos sexuales, son utilizados para la venta de drogas, según la relatora.