27 de April de 2010 00:00

La ONU conoce sobre el peligro para los tagaeri

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Redacción Sociedad

El peligro sigue para los grupos en aislamiento que han sido avistados en el sector del campo Armadillo. Aún más cuando el Juzgado de lo Penal de Orellana rechazó el pedido de medidas de protección ante el inminente reinicio de las actividades petroleras en esa zona.

Así, uno de los últimos recursos es que Naciones Unidas adopte una decisión. Una delegación de la Conaie se reunió con el relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, para solicitar protección para los tagaeri y taromenane. Estos son los dos únicos pueblos aún en aislamiento que viven en la Amazonía ecuatoriana. Se calcula que no pasan de 300 miembros, pero los antropólogos resaltan su valor etnocultural.

El pedido de la delegación de la Conaie se respaldó con documentación sobre la potencial explotación petrolera en Armadillo. Presentaron oficios del Ministerio de Recursos Naturales y de la empresa adjudicataria, Petrotesting Grancolombia, en los cuales se constata que las actividades ya se iniciaron en ese campo.

Un similar pedido formularon el Comité Permanente de Derechos Humanos del cantón Francisco de Orellana y la Asociación de Líderes Comunitarios Red Ángel Shingre. Lo hicieron ante el Juzgado de lo Penal de Orellana. Para eso presentaron pruebas como captaciones aéreas de chacras y casas, además de fotografías de las muertes ocurridas en Armadillo en el 2008 y en el 2009.

Sin embargo, ese pedido fue rechazado. El argumento es que el campo petrolero no está dentro de un área protegida. Además de que estos pueblos avistados están fuera de la Zona Intangible.

Según la página web del Ministerio del Ambiente, el 29 de enero de 1999 se estableció esa designación con el propósito de proteger su riqueza cultural y natural. Se prohibieron las actividades petroleras, mineras y madereras, así como cualquier actividad humana que ponga en peligro la integridad de los tagaeri y taromenane, además de la riqueza biológica de esa zona.

Los defensores de estos pueblos argumentan que la explotación petrolera pondría en grave peligro la vida e integridad de los pueblos indígenas aislados. Esto ante la posibilidad de que ocurran contactos involuntarios entre el personal de las petroleras y los tagaeri y taromenane.

El 10 de mayo del 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso las medidas cautelares y hoy son un mecanismo legal que posibilita la prevención de un ataque inminente a los derechos y a la vida de esas comunidades nativas.

Según Milagros Aguirre, especialista en la situación de los pueblos, y otros expertos, Ecuador se expone a una sanción moral en caso de no acogerse a la disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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