28 de septiembre de 2017 16:47

241 mujeres han sido criminalizadas por casos de aborto en Ecuador, según colectivo de mujeres

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Valeria Heredia
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El debate sobre la despenalización y la criminalización del aborto se mantiene en el país. La tarde de este jueves 28 de septiembre del 2017, colectivos de mujeres en defensa de los derechos se reunieron en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para tratar este tema. Las charlas se extenderán hasta mañana, viernes 29 de septiembre del 2017.

La reunión se da en el marco del Día de la Acción Global por el aborto seguro y legal, que se conmemora cada 28 de septiembre. La iniciativa surgió en 1990 con el objetivo de levantar la voz a favor de los derechos de las mujeres y a decidir sobre su cuerpo. La meta: evitar la mortalidad de mujeres en clínicas, en donde no se realizan buenas prácticas médicas.

Estefani Altamirano es parte de la red de acompañamiento de las mujeres que deciden abortar denominada Las Comadres. En el evento se tenía planificado hacer el lanzamiento oficial de un mapa cartográfico sobre la situación de la criminalización en el país.

Desde el 2013 hasta mayo del 2017, la cifra de mujeres penalizadas suma 241, según este colectivo. De enero a mayo de este año se habla de 55 casos. Quito registra un mayor número de mujeres criminalizadas con seis casos; Guayaquil, cinco y Loja, cuatro. El resto son mujeres de las otras ciudades. Pero, lo más alarmante es que en todo el 2016 fueron 43. Es decir, el número creció, explica Altamirano.

Para ella, en el país aún hay una deuda en materia de derechos de mujeres. La solución – dice - no es cerrar clínicas clandestinas, además eso no implica que en todas haya malas prácticas. Las Comadres, por ejemplo, acompañan a mujeres a realizarse un aborto de forma segura pero desde la ilegalidad.

Esto se lo hace porque el Estado no da una solución a esta problemática. Las clínicas clandestinas logran sobrevivir porque no hay un sistema público que lo avale.

En esto coincide Silvia Buendía, activista por los derechos de las mujeres. Ella explicó que en 2013 arrancó una 'cacería de brujas' para penalizar a la mujer por su derecho a decidir. Se procesó a las mujeres por abortar o quienes llegaban a los hospitales por abortos, comentó. “Hubo casos de mujeres a quienes les negaron el tratamiento o a quienes les encadenaron a las camas. Les obligaron a incriminarse”.

Para ella, el tema debe profundizarse aún más y seguir las recomendaciones de los comités por los derechos de la mujer y en contra de la tortura de las Naciones Unidas. Esos organismos pidieron a Ecuador que se despenalice el aborto en los casos de violación, dado que el Código Penal castiga con cárcel a las víctimas que lo hagan.

Un paso importante que se dio en el país es la firma del memorando MSP-2017-0790-M, del 4 de agosto de 2017. En este, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, recuerda la obligación de que los establecimientos de salud atiendan de manera oportuna a las mujeres que lleguen con procesos de aborto en curso o con consecuencias de aborto ya realizados. Esto para precautelar su derecho a la vida de las mujeres.

En el documento, Espinosa aclaró que no dice que se legaliza el aborto, que está sancionado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En Ecuador, el aborto es permitido en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer y si el embarazo es consecuencia de una violación de una mujer con discapacidad mental.

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