25 de diciembre de 2016 00:00

Morona Santiago busca dejar el cobre bajo tierra por 50 años 

Una panorámica de Panantza, en la provincia de Morona Santiago, donde está la concesión del proyecto minero San Carlos-Panantza, a cargo de la empresa Explorcobres.

Una panorámica de Panantza, en la provincia de Morona Santiago, donde está la concesión del proyecto minero San Carlos-Panantza, a cargo de la empresa Explorcobres. Foto: Fernando Flores/PARA EL COMERCIO

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César Augusto Sosa
Macroeditor (O)

La iniciativa Yasuní-ITT, que pretendía dejar bajo tierra el petróleo en el bloque 43 a cambio de una compensación internacional, fracasó en el 2013 por falta de decisión política, pero también porque no hubo el apoyo de los inversionistas internacionales.

Actualmente, una nueva iniciativa está buscando apoyo político, pero esta vez el objetivo es mantener bajo tierra, por 50 años, cualquier proyecto de explotación minera en la provincia de Morona Santiago.

El lanzamiento global de esta iniciativa, que lleva el nombre de la comunidad Achuar Sapap-Entsa -ubicada en la frontera entre Ecuador y Perú- se realizó en Quito en octubre pasado, durante Hábitat III.

Su eslogan es Sapap-Entsa, ¡Cuida la Vida! y es una alternativa a la explotación minera en Morona Santiago, donde un conflicto minero en la zona de Panantza ha dejado hasta la fecha un policía muerto.

A inicios de esta década, Morona Santiago se declaró “Provincia Ecológica, Turística y libre de contaminación ambiental”, de acuerdo con un plan de desarrollo hasta el 2030.

En esa visión de desarrollo no cabe la extracción de minerales, lo cual genera hoy un conflicto con el Gobierno central, que promueve la extracción de cobre en esa zona para obtener los recursos que le permitan reducir la pobreza.

A mediados del 2014, la Prefectura de Morona Santiago buscó aliados para demostrar que una provincia verde es viable. La consultora Exagon Group se convirtió en el soporte técnico, con apoyo de académicos ingleses.

En septiembre del 2015 la idea ya tenía forma y fue presentada en la Presidencia de la República, recuerda Roberto Salazar, presidente de Exagon.

En agosto pasado fue presentada en Macas, adonde asistieron políticos como Ramiro González, Jaime Nebot, Paúl Carrasco y César Montúfar. En las últimas semanas también se expuso a varios de los candidatos a la Presidencia.

En concreto, la iniciativa Sapap-Entsa, ¡Cuida la Vida! tiene dos partes. La primera es declarar una veda minera en Morona Santiago, que es un punto intermedio entre la explotación a cielo abierto, como lo plantea el Gobierno, y la posición de grupos ecologistas, que buscan dejar las zonas intactas, es decir, sin ninguna actividad minera en esas áreas.

Esta veda es una moratoria a la explotación de minerales por un tiempo determinado, lo cual deja abierta la posibilidad de que en el futuro sí será posible explotar yacimientos mineros en esas zonas. Sin embargo, para que eso suceda primero debe desarrollarse una tecnología que permita, por ejemplo, extraer el cobre sin destruir la superficie, lo cual no es posible en la actualidad.

El segundo elemento de la iniciativa es económica y busca hacer partícipes del negocio minero a las comunidades de Morona Santiago.

Si en el futuro se desarrolla la tecnología para que la minería pueda convivir con el turismo, la agricultura u otras actividades productivas, las comunidades de Morona Santiago están dispuestas a firmar alianzas público-privada-comunitaria. Y justifican esta figura con base en experiencias de Canadá o Australia.

Con esta opción, el territorio de Morona Santiago puede ser declarado como área protegida, lo cual abre la posibilidad de vender bienes y servicios ambientales en los mercados internacionales.

La Cumbre de París, realizada a finales del 2015, volvió viables aquellos proyectos que contribuyan a evitar el calentamiento de la Tierra.

En esa Cumbre, los países desarrollados, responsables históricos del calentamiento del planeta, acordaron financiar la lucha contra el cambio climático en el acuerdo aprobado en la Conferencia de París (COP21). Ahí, 195 países discutieron medidas para que el sistema energético mundial sea sustentable.

Ese acuerdo permitirá destinar al menos USD 100 000 millones anuales para la lucha contra el cambio climático. Y era la señal que esperaban muchos inversores para saber dónde poner su dinero.

Además, el Club de Bancos de Desarrollo (IDFC por sus siglas en inglés) se ha convertido en la principal fuente de fondos para el financiamiento climático a nivel global. El aporte financiero del IDFC ha crecido significativamente en los últimos años: de USD 89 000 millones en 2011 pasó a 100 000 millones el año pasado, según CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Los estudios de prefactibilidad de la iniciativa Sapap-Entsa, ¡Cuida la Vida! señalan que se puede levantar USD 4 500 millones, de los cuales el 98% iría al Gobierno central.

“El mundo está dispuesto a pagar eso luego del Convenio de París. Es decir, el mundo está dispuesto a pagar para que Morona Santiago esté libre de la explotación minera o petrolera”, dice Salazar.

También hay que considerar que dos lugares en la actualidad son los más importantes para el planeta en materia de biodiversidad: El Congo y el Amazonas. Esta última representa entre el 20 y 25% de la biodiversidad del planeta.

La iniciativa Sapap-Entsa, ¡Cuida la Vida!, sin embargo, afronta algunos problemas. El proyecto minero San Carlos Panantza, en Morona, ya está concesionado por cerca de 25 años a la empresa China Explorcobres SA y no hay interés para cambiar las reglas.

Este proyecto comprende 41 760 hectáreas en las parroquias de San Miguel de Conchay y Santiago de Panantza, en Morona. Actualmente ya se está gestionando la reanudación de actividades en el proyecto, que se encuentra en la transición para pasar a una fase de exploración avanzada.

El Gobierno, que ya decretó una moratoria minera en el 2008, no tiene interés en cambiar las reglas, más cuando la moratoria le generó problemas legales con empresas que hicieron inversiones.

Por otro lado, las empresas mineras dudan que la iniciativa cubra el costo de oportunidad, es decir, que la propuesta ambiental le genere al Estado los recursos que este obtendrá de la explotación minera.

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