¿Cómo se aborda el tema de la autonomía universitaria desde el Gobierno?
El Gobierno diferencia lo que es la autonomía del sistema de educación superior de la autonomía de cada universidad. La primera es una atribución del Estado, la segunda no.
¿De dónde surge el conflicto por la autonomía?
El problema no se da en la Ley de Educación Superior sino en el texto que quedó en la Constitución. Antes decía que el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) es un organismo autónomo. En la nueva Constitución le quitaron esa palabrita: autónomo… En la nueva Ley, el organismo regulador -el Consejo de Educación Superior- pasaría a estar vinculado al Ejecutivo.
¿Las universidades podrán participar en ese Consejo de Educación Superior?
Hasta la fecha, el Gobierno ha dicho que puede poner cuatro miembros y que las universidades pongan seis. Deben ser doctores de cuarto nivel y no representar a las universidades. Porque un artículo de la Constitución dice que nadie puede ser juez y parte.
¿Quién debe manejar el sistema nacional de educación?
Un ministro coordinador del sistema educativo, que coordine la relación, de acuerdo con el artículo 344 de la Constitución, entre todos los niveles, desde preprimaria a la educación superior.
¿Por qué el tema de la autonomía solo se discute hasta ahora, cuando se debate la Ley de Educación, y no cuando se hizo la Constitución?
Porque la coyuntura política era diferente. Había una relación estrecha entre mi sucesor (Gustavo Vega) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), cuando estaba Fander Falconí. Otra cosa es la posición del Movimiento Popular Democrático (MPD). Cuando se aprobó la constituyente era un aliado del Gobierno. Hoy es de la oposición.
¿Cómo se destinan los recursos a las universidades?
Está basado en una Ley que creó el Fondo Permanente para la Educación en las Universidades y Escuelas Politécnicas. De acuerdo con este fondo, un porcentaje del IVA y del Impuesto a la Renta va para las universidades. Pero esto, incluso en la Ley actual de Educación Superior, a los cinco días de que el Banco Central realiza la recaudación tiene que entregar a las universidades. El actual Gobierno ha tratado de eliminar todas las preasignaciones.
¿La U., desde antes, ya estaba perdiendo su autonomía?
En la práctica, la universidad ya no tiene autonomía económica por el Sistema Integrado de Gerencia Económica y Financiera. La pérdida de la autonomía no está en la Ley, sino en los hechos que han ido pasando en los últimos años. Si se acepta que sea el Gobierno el que pague los dineros vía Ministerio de Finanzas ¿qué autonomía tiene?
¿La Nueva Ley de Educación afecta a esa autonomía?
Con Ley o sin Ley, ya no había autonomía. Con esta, va a firmarse una serie de cuestiones que han estado funcionando sin el soporte legal, vía resoluciones.
¿Es necesario replantear el concepto de autonomía?
De hecho está replanteada. Cuando iba a otros países se sorprendían de que el Ecuador tenga una real autonomía. Eso no ocurre, por ejemplo, en Colombia. Allí, en el Ministerio de Educación hay un Viceministerio de educación superior.
¿Cuál es la situación actual de la universidad pública?
Ecuador ha caído en un modelo similar de otros países, donde todo va a ser aprobado por el Presupuesto del Estado. Los rectores tendrán que estar sentados en el Ministerio de Economía tratando de conseguir los fondos. La universidad ecuatoriana necesita mejorar su calidad… Hace falta un esquema rígido.
¿Cuál es su posición con respecto a la autonomía de las universidades públicas?
La autonomía académica debe mantenerse, pero sujeta al rendimiento de cuentas y a un proceso de evaluación y acreditación.