4 de diciembre de 2017 00:00

María Cristina Kronfle: ‘Aún no hay escalas locales para calificar la discapacidad’

Entrevista a María Cristina Kronfle, consejera del Conadis y exasambleísta. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Mariela Rosero

En el país hay 430 675 personas con discapacidad, según registró el Conadis hasta el 2 de noviembre del 2017. El 3 de diciembre, esa población conmemoró su día internacional y a las 12:45 del lunes se tiene previsto presentar el plan de desarrollo para el sector, en Carondelet.

La exasambleísta y consejera del Conadis, María Cristina Kronfle, se moviliza en silla de ruedas pues vive con miopatía (enfermedad muscular).En julio del 2015 presentó una demanda de inconstitucionalidad al Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, vigente desde diciembre 2013.

En junio de este 2017 tuvo una respuesta favorable de la Corte Constitucional a su demanda. ¿Qué implicaciones tiene?

Significa que se corrige la injusticia cometida contra cerca de 80 000 personas con un porcentaje de discapacidad de entre 30 y 39%, según los datos del Ministerio de Salud. El reglamento hizo que muchos de ellos, que venían ejerciendo la totalidad de sus derechos hasta el 2013, de repente los perdieran.

¿Qué cambió ese reglamento a la Ley de Discapacidades del 2013?

Ese reglamento les dijo a los ciudadanos que para el Estado no tenían discapacidad. Esto porque les habían calificado hasta el 30%. Ellos perdían algunos derechos, que sí tenían quienes alcanzaban el 40%. Hubo una excepción: para la inclusión laboral sí podía tomarse en cuenta a quienes tuvieran hasta el 30%. ¿Para quién legislamos? Creo que para empresarios a quienes les gusta tener empleados con poca discapacidad.

Entonces se argumentó que se evitarían abusos de personas que con una mínima discapacidad querían acceder a un auto importado, por ejemplo. ¿Cómo ve ese argumento?

Hubo una mirada superficial de la problemática de la discapacidad y de la realidad de lo que sucedía en cuanto a la calificación. La persona no se impone el porcentaje de discapacidad, lo hace la autoridad competente, en esa época era el Conadis. Si estaba en entredicho el porcentaje asignado, estaba en duda la gestión de ese organismo.

¿Había otra forma de controlar abusos, para evitar aumentar a 40% el porcentaje de lo que se consideraba discapacidad?

Claro. Siempre que hay un beneficio podrá aparecer quien se quiere aprovechar sin legitimidad. Para eso redacté el artículo 10 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Dice que a oficio o petición de parte se puede pedir la recalificación de una persona si se sospechara que su carné ha sido entregado de manera dolosa por parte del calificador. Y así no se perdían derechos a descuentos en el pago de tributos, en el acceso al auto, etc.

Ahora la calificación está en manos del Ministerio de Salud. ¿Está usted de acuerdo con la forma en la que se califica el grado de discapacidad?

Como consejera del Conadis, uno de mis propósitos es colocar en la agenda la supervisión de este proceso de calificación. Hay que exigirle al Ministerio de Salud cumplir con lo que dice la ley. Debe crear un mecanismo nacional, seguimos con el baremo español, que tiene cuatro décadas. La Misión Manuela Espejo implementó mecanismos cubanos, que tampoco responden a nuestra realidad.

¿Cuándo debió crearse ese nuevo baremo para calificar el grado de discapacidad de una persona?

En la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de Discapacidades se le daba un año al Ministerio de Salud, a partir de la publicación en el Registro Oficial, en septiembre del 2012. Así que para septiembre 2013 debía estar listo el formato de calificación para toda persona con discapacidad en Ecuador. Hay una mora de cuatro años. Además, denuncio que actualmente se toman en cuenta criterios socio-económicos para determinar el porcentaje de discapacidad.

¿Cómo se explica eso?

No hay una explicación. En la calificación el Ministerio de Salud debe responder a la parte biológica. Y según la patología que tenga la persona con discapacidad y el grado de afectación colocar el porcentaje en el carné.

¿Qué otros aspectos se miden también ahora?

Si tiene estudios o si como yo tienen la fortuna de no haber nacido bajo márgenes de pobreza, como el 80% de población con discapacidad, que está en los quintiles uno y dos. Eso no es lógico porque mi enfermedad no retrocederá ni se enterará de que soy abogada, que tuve la posibilidad de comprarme un vehículo sin exoneración de impuestos...

¿Buscará al presidente Lenín Moreno para exponerle sus inquietudes?

Hoy, los consejeros del Conadis estaremos en Carondelet. Será el momento. También espero que la Corte Constitucional aclare un punto, para que no se pierdan tarifas preferenciales en servicios a los que ya teníamos derecho, sin que medie un porcentaje.

¿Quién es?

María Cristina Kronfle , abogada de 32 años, guayaquileña. Ha sido asambleísta dos veces. Integra el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Dirige Ética en la Contraloría.

Su pensamiento

“Tengo 79% de discapacidad y mi situación económica o estudios no hacen que la miopatía disminuya, la preparación debería ser incentivada”.

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