Según la Interpol este tipo de comercio mueve de USD 5 a 20 mil millones al año, situándolo en el tercer comercio más grande a escala mundial después de las drogas y las armas. Foto Referencial: Wikicommons
La fotografía, recientemente publicada, de un jaguar negro en el Parque Nacional Llanganates causó impacto por la majestuosidad del animal, pero también preocupación de frente a los riesgos que el felino pudiera correr de frente a la ambición humana.
Miles de animales en el Ecuador, incluidas especies en peligro de extinción como el cóndor, sufren cada año el embate de cazadores furtivos y traficantes, que los exportan ilegalmente o los comercializan nacionalmente para lucrar de la riqueza natural del país andino.
Según la Interpol, este tipo de comercio mueve de USD 5 a 20 mil millones al año, situándolo en el tercer comercio más grande a escala mundial, después de las drogas y las armas. Estas actividades ilícitas son una amenaza para la biodiversidad, los bosques y los ciudadanos del Ecuador. Es así como las autoridades han tomado medidas para controlar la cacería ilegal.
El Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) dispone de alrededor de 627 guardaparques distribuidos en 48 áreas protegidas a nivel continental. Además, se suma el apoyo de los efectivos de la Unidad de Protección al Medio Ambiente de la Policía Nacional. Periódicamente se hacen operativos de control de caza ilegal.
Cabe anotar que en el país se permite únicamente la cacería y pesca de subsistencia para pueblos originarios en sus territorios. Esto consta en el Acuerdo 261 emitido por el Ministerio del Ambiente en agosto de 2014, el cual derogó la cacería deportiva y la cacería de control.
Sin embargo, Galo Zapata, director científico de la WCS (Wildlife Conservation Society), advierte que la población de las comunidades indígenas en la Amazonía es cada vez mayor. “La cacería de subsistencia es legítima, el problema es que causa impactos porque hay demasiada gente, más o menos 600 000 personas que se alimentan de carne de monte. La demanda es mayor que la oferta del bosque”.
Otro problema vigente es la comercialización de la carne silvestre, la cual es considerada un delito y es penalizada con de uno a tres años de cárcel según el Art. 247 del Código Penal Ecuatoriano– si se trata de una especie en peligro la sanción es mayor-. En un estudio realizado por la WCS, se calculó que en el 2011 se comercializaron 19 toneladas de carne silvestre en el mercado de Pompeya, en el Coca.
Zapata asegura que existen más mercados donde los cuerpos muertos de tapires, guantas, guatusas, monos etc. se venden con fines alimenticios. “No existen registros actualizados”- explica- porque hay mayor control por parte de las autoridades y “ahora la venta se ha vuelto más clandestina”.
Los animales más amenazados- según Victor Utreras, coordinador del proyecto paisajes vida silvestre del MAE– son las guantas, los pecaríes, los venados y los primates grandes, pues son los más apetecidos por su carne.
Por otro lado, la cacería por pieles o partes del cuerpo de un animal es menor pero existe. Para evitar que se mantenga la oferta, las personas no deben consumir este tipo de carne ni tampoco comprar pieles, dientes o garras, pues en caso contrario se seguirá alimentando al mercado, aconseja Zapata.
La comercialización de carne silvestre no solo afecta a las poblaciones de los animales que son casados, sino también a las de grandes depredadores como los jaguares que cada vez tienen menos que comer. Aparte de que el alimento escasea, la deforestación es una de las grandes amenazas para estos majestuosos felinos. Por ejemplo, en la Costa ecuatoriana el jaguar se encuentra en peligro de extinción ya que más de un 90% de su hábitat ha sido destruido por el crecimiento poblacional, la tala de madera y la expansión agrícola.
Organizaciones como la WCS, luchan junto con el MAE para conservar y proteger a las especies en peligro y a los ecosistemas. Uno de los avances más grandes es el sistema de áreas protegidas las cuales son controladas y ayuda en la conservación de animales y plantas. Proyecto paisaje- Vida Silvestre, es una de las iniciativas del MAE que ya lleva un año y medio de gestión. Uno de sus objetivos principales es disminuir el tráfico y la cacería ilegal.
Para ello, Utreras dice que: se están reforzando los controles, se identifican los lugares donde se trafican a los animales, se está capacitando al personal para que el decomiso sea más eficiente y han agilitado la parte legal para sancionar a los traficantes.