20 de septiembre de 2017 00:00

El maltrato psicológico a los alumnos sí se puede denunciar

Diego Mosquera, técnico de seguimiento en Junta de Protección del Centro de Quito.

Diego Mosquera, técnico de seguimiento en Junta de Protección del Centro de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Mariela Rosero
Coordinadora (I)

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El tercero de básica en el anterior ciclo (2016- 2017), a Rafaela le quitó la sonrisa y el deseo de ir a clases. Además, a la niña, que ya cumplió 8 años, le dejó un trastorno de estrés postraumático y fobia escolar. Eso se lee en el diagnóstico de una psiquiatra del Hospital Baca Ortiz, pedido por la Fiscalía.

Todo esto en medio de una denuncia, que siguen sus padres en contra de quien fue su profesora. Piden llamarla ‘Annabelle’, como la protagonista de una película de terror, por el temor que infundió en su hija.

La docente se negó a tomarle pruebas orales, tras un accidente ocurrido en el plantel privado, que inmovilizó su brazo. Pero la madre no sospechó el trato que recibía incluso antes. La niña llegaba a casa a las 14:30, no comía y prefería dormir hasta el otro día.

Meses después, casi al final de clases, supieron que Rafaela desarrolló hipersomnia. Según los médicos se aproximaba a la narcolepsia o sueño patológico, para evadirse de lo que le pasaba. También lloraba y les suplicaba a sus padres que no la enviaran a la escuela.

¿Qué pasaba? La maestra le decía al oído, primero -luego en público-, que era una inútil y que sus padres la abandonarían. Incluso la seguía hasta el sanitario para repetírselo. Producto de eso, varias veces la niña mojó su ropa interior.

Esos detalles los contó la pequeña a una psicóloga, en la Cámara de Gesell, herramienta de la justicia, para proteger a los afectados. Tiene dos ambientes, separados con un vidrio, con visión unilateral, equipada con audio y video.

La escucharon la fiscal, abogados y familiares. Así, sus padres entendieron el porqué de los dolores en el brazo con yeso. La ‘licenciada Anabelle’ tomaba su muñeca y la obligaba a escribir en esas condiciones.

La Fiscalía investiga el caso. Pidió exámenes psicológicos a la docente. Se concluyó que tiene rasgos egocentristas y que competía con la niña, que sacaba buenas notas. Mientras se activaron otros protocolos en instancias educativas.

El ciclo anterior se presentaron 173 denuncias por maltrato psicológico a alumnos en las nueve direcciones distritales de Quito, según la Subsecretaría de Educación. Este tipo de violencia abarca el 36% de las quejas.

La Rectora del colegio de Rafaela fue citada por la denuncia documentada en una Junta Distrital de Resolución de Conflictos (JDRC). Es una instancia del Ministerio de Educación, que cita a las partes.

Se exigió cambiar de actividad a la docente. Pero “la convirtieron en inspectora y siguió mortificándola”, según la madre, con informes de quien sustituyó a la profesora. La niña, de 8 años, toma antidepresivos, ha manifestado el deseo de matarse y pasó a otra escuela este año lectivo. A la madre se le conminó a denunciar en la Fiscalía, un organismo externo al sistema educativo, por la gravedad del hecho.

Así se actúa en el 34% de los casos. El 92% de ellos corresponde a delitos sexuales, por lo que se tramitan en la justicia. La JDRC tiene protocolos de actuación. El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de cada centro debería detectar el problema y remitirlo. Si no pasa puede denunciarlo el padre de familia, para que la Junta intervenga, lo envíe a la instancia adecuada, haga el seguimiento y trabaje en procesos restaurativos.

No solo registran acoso entre pares, violencia psicológica de profesores y delitos sexuales en el sistema. El maltrato físico de parte del profesor al alumno no se ha erradicado. Las cifras del Ministerio de Educación lo muestran. Pero ha disminuido. Lo apunta Natasha Montero, miembro principal de la Junta de Protección de Derechos La Delicia, en Cotocollao (norte).

Esa junta y otra ubicada en la Venezuela y Rocafuerte (centro de Quito) son parte del sistema de protección integral cantonal, establecido en el Código de la Niñez. Constituyen otro recurso diferente a las del Ministerio. Tienen rectoría local, están atadas al Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Compina).

Estas juntas cantonales reciben casos de violaciones de derechos, que no sean delitos, por ejemplo si quien lo ejecuta es un menor de 12 años (no imputable). No solo se enfocan en lo que pasa en planteles. Por lo que no proporcionaron cifras sobre las denuncias del ámbito educativo.

Pero como entidades del sistema de protección pueden tomar medidas urgentes e informar a las autoridades. Por ejemplo pedir que se remueva a un profesor, que no vuelva al aula hasta que haga terapia...

Sin embargo, entre las quejas recurrentes -dice Montero- está la violencia física entre pares. “Se agravan por la falta de herramientas de docentes”. A una joven de otra provincia le decían “fácil”, por el estereotipo contra la mujer de su región. Cada día, la agresión en el corredor subió de tono hasta que pelearon a dos cuadras del colegio público. Hubo lesiones, que tomaron más de tres días de recuperación.

En cuanto a los casos más comunes de violencia psicológica, Montero lo resume en prácticas institucionales tradicionales de enseñanza; desvalorización y burlas del docente; chistes, etc. Si el representante legal del plantel lo conoce y no actúa, se vuelve maltrato institucional que da lugar a multas y más sanciones.

Karen vivió con su hija, de 12 años, una mala experiencia. Estaba por terminar el año lectivo pasado y decidió cortarse el cabello casi como un cadete. El mismo día que llegó a clases con ese corte, la madre fue convocada. Le dijeron que no era el ‘look’ de una niña. Profesores la criticaron. Compañeras le decían “marimacha”. Y autoridades le pidieron no rendir exámenes con el grupo.

La junta cantonal buscó a la madre, al enterarse a través de una red social de exgraduados. Estudió lo ocurrido y siguió el proceso, convocando a las partes. Resolvió que se vulneró su derecho a la libertad estética. Y pidió que se permita investigar el clima de violencia en el centro educativo. Este apeló, pero un juzgado no le dio la razón. La resolución rige y la joven acude a clases este ciclo.

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