20 de septiembre de 2016 00:00

La mala práctica veterinaria sí es un delito en el Ecuador

Para determinar la responsabilidad profesional se deben presentar pruebas, como necropsias y exámenes.

Para determinar la responsabilidad profesional se deben presentar pruebas, como necropsias y exámenes. Foto referencial: Ingimage

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Gabriela Castellanos
Redactora (I)

El concepto de negligencia médica está asociado tradicionalmente a la mala práctica profesional que ocasiona un daño, o inclusive la muerte, a una persona. En el Ecuador, esto se sanciona según lo determina el Código Orgánico Integral Penal. Allí no se habla específicamente de negligencia médico veterinaria, aunque este mismo concepto ha sido utilizado por algunas personas al referirse a sus animales de compañía.

En Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se han dado casos de demandas por decenas de miles de dólares por supuesta negligencia veterinaria. Si bien los animales son considerados propiedad bajo las legislaciones de estos países, se puede presentar una acción para reponer los daños, pero se debe probar de la misma forma que una mala práctica médica humana.

Sin embargo, los resultados de esas demandas no suelen ser muy grandes. Las cortes pueden ordenar la reposición de un animal de compañía con las mismas características y, en algunos casos, agregar un monto simbólico por pérdidas y daños emocionales.

El 28 de agosto murieron dos canes tras una campaña de esterilización que organizó el GAD de Rumiñahui. Algunos meses antes se conoció la historia de Lulú, una french poodle toy que habría fallecido por complicaciones hepáticas luego de ser atendida en una clínica particular de Quito. Ahora su página de Facebook se dedica a crear conciencia en las personas para que sean más exigentes con el personal y los centros que atienden a sus mascotas. En estos casos las personas hablaban de mala práctica profesional.

Cristina Duque vivió una situación dolorosa con su gato. Se acercó a una clínica para realizarle un control cuando tenía dos meses de edad. “La doctora lo vio y me dijo que lo iba a desparasitar. Le inyectó en la parte posterior del cuello”, recuerda. Al siguiente día, hacia las 06:40, se dio cuenta de que estaba muy mal. Cuando quiso llevarla a la veterinaria nuevamente, la doctora no pudo atenderle. “Me dijo que vaya a las nueve porque tenía otras cosas que hacer”, asegura.

Lo llevó al consultorio del doctor Pablo Novoa. Él le dijo que lo que le habían administrado no debería causarle esos efectos. El gato fue tratado con un protector hepático, terapia de fluidos y oxígeno. Estuvo en coma cuatro días pero logró recuperarse. El diagnóstico de Novoa fue que tuvo una “sobredosis de ivermectina”, aclara. Este medicamento se utiliza para tratar ciertas infecciones por parásitos.

“Ningún médico sale a la calle queriendo matar a su paciente”, recalca Roberto Rueda, médico veterinario y presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (Amvepe). Sin embargo, él define a la mala práctica o negligencia como “el doctor que cometa una acción u omisión a sabiendas de que puede causar daño o costar la vida del animal”.

Con el fin de establecer la responsabilidad de lo que para Duque “es un caso de negligencia veterinaria”, acudió a diferentes instituciones. “He llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Administración del Municipio y nadie me da una respuesta de lo que debo hacer. Es muy frustrante”, indicó.

Según la abogada Isabel Caicedo, no está establecido el delito de negligencia veterinaria en la normativa ecuatoriana. En el COIP existe una contravención de maltrato y muerte de un animal de compañía. En el artículo 249 dice que “la persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete días. Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la materia”.

En los cuatro años que lleva Rueda en el cargo, Amvepe ha recibido cerca de una docena de denuncias de supuesta mala práctica profesional. “Ninguna de ellas ha seguido el proceso para establecer la responsabilidad con pruebas”, asegura.

Este tipo de quejas también llegan a la estatal Agrocalidad (Agencia de Control y Regulación del Agro). Esta institución se encarga de otorgar los permisos sanitarios para el funcionamiento de clínicas y hospitales veterinarios, por ejemplo. Javier Vargas, coordinador de Sanidad Animal de esa institución, cuenta que como autoridad sanitaria “no tenemos una competencia directa para intervenir en estos procesos de denuncia”,cuenta.

En el caso de los perros que fallecieron luego de la campaña de esterilización en Los Chillos, Agrocalidad únicamente puede verificar que se hayan cumplido con los requisitos y protocolos sanitarios, no así referentes a la práctica veterinaria. Según esa institución no se cumplió con la notificación de la fecha prevista para realizar la inspección sanitaria. Luego del proceso administrativo donde se determina la responsabilidad se puede aplicar una sanción según la Ley de Sanidad Animal.

Por otro lado, Caicedo indica que se puede iniciar un proceso en la Unidad de Contravenciones. Allí se realizará la investigación y se pedirán pruebas que determinen la responsabilidad y, de ser el caso, la sanción correspondiente. Entre las pruebas que se pueden solicitar está la necropsia (en caso de la muerte del animal) o exámenes médicos que prueben que fue el tratamiento el que ocasionó el daño.

“Es un proceso complicado”, dice Rueda. El examen debe ser hecho por un patólogo veterinario. Al igual que en el caso de las personas, a menos que la causa sea evidente, se deben tomar muestras de los órganos y tejidos para enviar a un laboratorio. Allí se deben realizar cortes especiales para saber qué pasó.

“Si una persona necesita una operación para poder vivir, no se la va a dejar de hacer por el riesgo”, dice Rueda. En el caso de los animales, el cuidado veterinario es un derecho, opina el especialista, y no se lo puede negar con los riesgos que existan para el paciente, concluye.

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