A las 18:15 de ayer se suspendió el segundo debate de la Ley de Educación Intercultural en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El lunes, a las 10:00, está previsto que se reinstale la sesión, en la que está pendiente la intervención de 36 asambleístas.
Hasta el final de la jornada, los maestros insistieron en que el incremento salarial sea de forma retroactiva desde julio pasado.
Pero la propuesta que llevó al Pleno la ministra de Educación Gloria Vidal fue que el incremento sea reconocido desde noviembre. En su intervención ofreció un valor adicional “correspondiente al 150% de incremento resultante de la unificación y categorización (de los maestros)”. Según dijo, este rubro será pagado en los 30 días posteriores a la promulgación de esta Ley en el Registro Oficial.
“Es un llamado para aprobar con premura esta Ley y dar paso a esta posibilidad de nuestros docentes de tener 1,5 veces el incremento que corresponde a noviembre y diciembre”.
Este incremento se calculará de acuerdo con el nuevo escalafón unificado. Por ejemplo, un maestro que gana USD 420 pasará a una segunda categoría en la que recibirá USD 640, como sueldo básico unificado.
La diferencia entre ambos rubros será la base para calcular el pago adicional del 150%.
Mery Zamora, ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), aclaró que este adicional no será significativo. Según dijo, todos estos meses han venido presionando para que el alza sea desde julio pasado.
“Fruto de esta pelea se ven abocados a que sea desde noviembre, porque antes no tenían ni siquiera para pagar los sueldos”.
A más del incremento salarial, los maestros jubilados exigen que se aumente el incentivo de la jubilación de USD 12 000 a USD 36 000. Eso lo piden tomando en cuenta las jubilaciones de los servidores públicos, amparados en la Ley de Servicio Público. Jaime Matute, de la Asociación Nacional de Supervisores de Educación, pidió que no los excluyeran de la Ley. Dijo que cumplen funciones, como planificación, capacitación, asesoramiento, seguimiento, etc.
Mónica Acurio, a nombre de la Red de Maestras por la Revolución Educativa, aseveró que la nueva ley garantiza la gratuidad de la educación, la continuidad de los maestros y que ya no dependerán de partido político.
Milton Luna, del Contrato Social por la Educación, insistió en que sería insensato colocar a los municipios solo en temas de infraestructura, pues también deben participar en la elaboración de las políticas educativas.