6 de May de 2010 00:00

Un juzgado de Orellana negó la protección a pueblos aislados

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Redacción Sociedad

Los intentos de proteger a los pueblos aislados de la Amazonía ecuatoriana sufrieron un nuevo revés. El Juzgado de Garantías Penales de Francisco de Orellana notificó antier su negativa a la apelación presentada por el Comité Permanente de Derechos Humanos de Orellana. Además, se ratificó en su decisión de no impedir la actividad petrolera en el campo Armadillo.

La polémica en torno a este bloque petrolero, ubicado en el costado oeste del Parque Nacional Yasuní (PNY), se activó luego de las evidencias sobre los avistamientos en la zona de miembros tagaeri y taromenane.

El Plan de Medidas Cautelares del Ministerio del Ambiente (MAE), después de un monitoreo satelital, advirtió de la presencia de estos pueblos nómadas, que mantienen su condición de aislados. En un mapa, el MAE tiene señalados al menos 12 sitios de avistamientos o indicios de estas comunidades dentro y en los alrededores del campo Armadillo. Se incluyen las matanzas ocurridas en el 2008 y en el 2009.

Sus defensores insisten en que un contacto con las cuadrillas de las petroleras pudieran ocasionar graves incidentes e incluso el riesgo de su exterminio.

Pese a las disposiciones del MAE -la última fue el 26 de marzo del 2010-, la empresa Petrotesting Colombia, adjudicataria del campo Armadillo, insiste en reiniciar la explotación de crudo en el sitio. En el oficio de respuesta, del 7 de abril, la petrolera argumenta que su campo “no es colindante y se encuentra alejado de la Zona Intangible y de la Zona de Amortiguamiento”. La primera fue establecida para proteger a estos pueblos e impedir toda actividad extractiva. La segunda es una especie de colchón para el PNY.

A raíz de estos hechos, el Comité de DD.HH. de Orellana y la Asociación de Líderes Comunitarios Ángel Shingri pidieron las medidas de protección. Ahora, ante la negativa, analizan la posibilidad de acudir al Tribunal de Garantías Constitucionales.

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