Comuneros de Imbabura y de Pichincha fueron los primeros en movilizarse hasta el cerro Cajas, para intentar sofocar el fuego que consumió 3 000 hectáreas. Foto: José Mafla/ EL COMERCIO.
La cima del cerro Cajas, en el límite entre Otavalo (Imbabura) y Cayambe (Pichincha), perdió el color dorado de sus pajonales. A mediados del mes anterior, un incendio redujo a cenizas 3 000 hectáreas de esta zona, calcula Mercedes Cuascota, presidenta de la comunidad San Francisco de Cajas.
El área rural ha sido la más afectada por las últimas quemas, que han consumido bosques y pajonales. Solo entre Imbabura y Carchi se destruyeron 6 954 hectáreas, hasta el 22 de septiembre último, según cifras de la Secretaria de Gestión de Riesgos.
Muchos de ellos afectaron a localidades kichwas de Otavalo y Cotacachi. En el caso del cerro Cajas, el fuego generó perjuicios a las comunidades Pijal (en Otavalo, Imbabura) y San Francisco, San Isidro , El Prado, Milán…, en Cayambe (provincia de Pichincha).“Uno de los primeros efectos de la última deflagración es que las vertientes de San Francisco y San Isidro de Cajas se secaron”, lamenta Cuascota.
Técnicos del Municipio de Cayambe realizaron una inspección. Ahí se verificó que los pajonales, que retenían el agua, desaparecieron. Además se destruyeron las mangueras que conducían el líquido vital.
Es por ello que la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI) anunció que se aplicará la justicia consuetudinaria a los responsables de haber iniciado incendios en los territorios comunitarios.
La decisión se ampara en el artículo 171 de la Constitución del Ecuador, explica Rocío Cachimuel, presidenta de la FICI.
“Las autoridades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales, para solucionar conflictos”, detalla.
Por lo pronto, el supuesto responsable de haber causado el incendio en Cajas fue identificado por la comunidad. Mercedes Cuascota asegura que se trata de un ciudadano de la tercera edad, que reside en la parcialidad indígena de Pijal.
De acuerdo con testigos, el incidente se habría producido mientras quemaba rastrojos en un terreno, durante los preparativos previos a la siembra.
El fuerte viento habría encendido los pajonales vecinos, que se quemaron durante el 13 y el 14 de septiembre pasado. Eso movilizó a campesinos, bomberos y militares de Imbabura y Pichincha, que lucharon contra las llamas.
El presunto responsable será juzgado el 10 de octubre, por una asamblea comunitaria, en el estadio de San Francisco de Cajas, en Cayambe. Ahí se determinará la sanción.
Los dirigentes de siete localidades afectadas han solicitado la reforestación del área quemada. Se calcula que el presunto autor del siniestro deberá entregar 15 000 plantas por cada comuna perjudicada, de ser encontrado culpable.
No es la primera vez que un atentado contra la naturaleza es castigado mediante la justicia indígena. Cachimuel recuerda que el año anterior se sancionó a tres vecinos de la comuna de Camuendo, cantón Otavalo, por haber causado la quema en las faldas del volcán Imbabura.
“A más del baño en agua fría y el azote con ortiga, en público, se les obligó a comprar 1 000 plantas nativas (aliso, quishuar y pumamaqui) a cada uno para reforestar en minga la zona afectada”. Así rememora Alberto Santillán, presidente de la localidad de Camuendo.
La medida, al parecer, surtió efecto. Este año no hubo mayores problemas en ese poblado asegura el dirigente. El Ministerio del Ambiente también abrió procesos administrativos contra nueve presuntos responsables de iniciar incendios forestales en Imbabura y tres en Carchi. La sanción, de comprobarse su activa participación, incluye la reparación de los daños.