17 de May de 2015 20:17

Los inmigrantes tienen barreras para acceder a servicios de salud

El pasado 15 de mayo, representantes de organizaciones sociales e instituciones públicas analizaron los desafíos de la movilidad humana en el país. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

El pasado 15 de mayo, representantes de organizaciones sociales e instituciones públicas analizaron los desafíos de la movilidad humana en el país. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

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Andrés Jaramillo

Con los inmigrantes colombianos, peruanos, haitianos... que llegan al Ecuador se estaría haciendo lo mismo que, en su momento, se hizo con los ecuatorianos que migraron a España o EE.UU. “Se los discrimina sin motivo”, asegura Fabiola Falconí, de la organización Catholic Relief Services (CRS).

Pese a que el derecho a la salud está garantizado en la Constitución, los extranjeros regulares o irregulares lo ejercen con dificultades. En unos casos se les niega atención en los servicios de salud pública y privada. En otros, ellos deben esperar más tiempo de lo común para obtener un turno o realizarse un examen.

Son las conclusiones del estudio que impulsaron en marzo pasado Catholic Relief Services y la Misión Scalabriniana.

Se entrevistó a 50 mujeres en San Lorenzo, Tulcán, Ibarra y Lago Agrio. Casi todas coincidieron en que los médicos ponen trabas. “Les dicen que deben regresar a su país para ser atendidas”, según Falconí, “No entienden que no vienen de turismo sino escapando de un conflicto armado y que necesitan su ayuda”.

En Lago Agrio, ella conoció el caso de una mujer de 30 años que llegó de Colombia a un centro de salud cuando estaba a punto de dar a luz.

Buscó ayuda y, en primera instancia, se la negaron. Falconí recuerda que un médico cubano del mismo centro de salud tuvo que enfrentarse a los otros médicos para lograr que la atendieran. Al final, él se responsabilizó del parto.

El testimonio de la mujer se recogió el 4 de marzo pasado, como parte del estudio: La violencia de género que viven las mujeres en situación de movilidad y refugio.

Ahí se destaca la necesidad de sensibilizar al personal de salud, psicólogos y trabajadores sociales. Pero también de corregir errores relacionados con el sistema de atención.

Hugo Noboa, de la Fundación Salud Ambiente y Desarrollo, dice que ese sistema se basa en una lógica de distritalización. Se atiende a las personas en función de su residencia y exige documentos para verificar la dirección. Además de una identificación personal para proveer los servicios. “Muchos no los tienen, porque no han conseguido el estatus de refugio o porque solo tienen los de su país de origen. Incluso les exigen más allá de lo que le piden a un ecuatoriano”, refiere Noboa.

En el 2013, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) constató que en un hospital de Tulcán solicitaban el carné de refugiado y verificaban si la persona era activa en la base de datos del sistema de salud colombiano (Fondo de Solidaridad y Garantía).

En esos casos, y con el argumento de no promover un doble uso de los sistemas de salud ecuatoriano y colombiano, se negaba el servicio. Se los acogía solo si se trataba de casos de emergencia.

Este Diario buscó la versión del Ministerio de Salud desde el 12 de mayo pasado para conocer cómo se está abordando el tema. Pero hasta el 15 de mayo no hubo respuesta.

En Tulcán, el SJR acompañó otro caso de una mujer a la que no le permitieron realizar los controles de su embarazo en un hospital, en el 2013.

Su carné de refugio había sido cancelado y se encontraba en proceso de apelación. Por la situación de violencia en su natal Colombia no podía regresar para el nacimiento.

Cuando comenzó su labor de parto acudió a uno de los hospitales de la urbe, pero volvieron a decirle que necesitaba la documentación oficial.

Ante su insistencia, señala Gabriela Alencastro, técnica en incidencia del SJR, los funcionarios del hospital llamaron a la Policía. “En ese momento solicitó la ayuda del SJR y se logró que ella pasara la labor de parto en el hospital y finalmente diera a luz después de estar cuatro días hospitalizada”.

En el 2013, entre enero y diciembre, se atendieron a
18 820 pacientes colombianos en todo el sistema de salud de Carchi, según la Sala Situacional del Ministerio de Salud. No se conoce cuántos dejaron de ser atendidos, porque los afectados también necesitan documentos para denunciar.

Y tampoco hay datos actualizados sobre la cantidad de extranjeros refugiados en el Ecuador. Según el Censo Poblacional del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, en el 2012 se registraron 55 975 refugiados. El 98,82% es colombiano, por el conflicto armado en ese país.

Pero incluso ellos, quienes logran estar en situación regular en el país, tienen problemas. Cristina Pancho, coordinadora del área de movilidad de la Pastoral Social Cáritas del Ecuador, explica que el registro de carné de refugio a veces no coincide con el del sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque tiene un número menos.

Quienes consiguen un contrato de trabajo de dependencia y aportan al Seguro no pueden acceder al servicio.

En Cáritas, al mes, reciben a al menos 20 personas a las que se les niega el derecho a salud en cada jurisdicción donde trabajan (siete provincias).

Según Dora Aguirre, asambleísta del oficialismo por Europa, Asia y Oceanía, hay una Ley de Movilidad Humana que se espera presentar en junio, a la Asamblea Nacional. Se la ha debatido con las organizaciones sociales desde hace cinco años, para enfrentar estos problemas. Ahí se establece, por ejemplo, un sistema común para que el IESS pueda cruzar datos con otras instituciones.

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