11 de octubre de 2016 15:18

Indígenas hondureños denuncian atentados por defender el ambiente

Fotografía cedida en donde aparece Berta Isabel Zúñiga Cáceres (c), hija de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada el pasado 3 de marzo

Fotografía cedida en donde aparece Berta Isabel Zúñiga Cáceres (c), hija de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada el pasado 3 de marzo. Foto: Agencia EFE

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Agencia AFP

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció este martes 11 de octubre de 2016 que dos de sus miembros sufrieron atentados a tiros por continuar la lucha en defensa del ambiente emprendida por la asesinada dirigente Berta Cáceres.

El coordinador del Copinh, Tomás Gómez, quien reemplazó a Cáceres en el cargo después del asesinato, relató a la AFP que la noche del domingo 9 de octubre en la comunidad occidental de La Esperanza fue atacado a tiros por un hombre que iba en un vehículo.

“Afortunadamente no era un buen gatillero porque me hubiera matado” en el ataque a corta distancia, contó Gómez. Agregó que “a otro compañero, Alexander García, ese mismo día en horas de la madrugada le fueron a hacer unos tiros a la puerta de su casa” en la comunidad de Llano Grande, cerca de La Esperanza.

Gómez responsabilizó de los atentados al gobierno y a las empresas privadas que han recibido decenas de concesiones para desarrollar proyectos hidroeléctricos, eólicos y mineros en territorios de indígenas lenca.

En un comunicado, Copinh denunció también que “sicarios pagados por DESA”, la empresa Desarrollos Eléctricos SA, han llegado a disparar ráfagas de balas a la comunidad lenca de Río Blanco.

La empresa es señalada como responsable del asesinato de Cáceres el 3 de marzo por pistoleros que entraron a su casa en La Esperanza. El asesinato ocurrió a pesar de que la activista tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por recibir amenazas del personal de DESA.

Cáceres denunció que recibía las amenazas por rechazar la construcción de una hidroeléctrica por DESA en el río Gualcarque, en la comunidad de Río Blanco. Seis personas están detenidas como sospechosas del crimen, incluyendo un empleado de DESA.

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