9 de December de 2010 00:00

El hospital Guayaquil acató la sentencia

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Redacción Guayaquil

El pediatra Mario Silva volvió ayer a su rutina de trabajo. Recorrió la sala de lactantes del hospital Abel Gilbert Pontón, en el Suburbio de Guayaquil, chequeó a sus pacientes, dio indicaciones a las enfermeras y llenó los reportes tras visitar a cada una de las pacientes.

Al menos por ahora, su día no se divide entre los trámites legales de la acción de protección que plantearon tras su separación por la aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y la atención a los enfermos.

Con la sentencia del juez vigésimo de lo Penal del Guayas, Jorge Moreno, los 12 médicos y un trabajador administrativo de esa casa de salud fueron reintegrados en sus cargos. De esta forma, se suprimió el polémico art. 81 de la Losep, que fija que los servidores públicos de 70 años y más deben jubilarse obligatoriamente.

“Hemos tenido la fuerza de la razón y la fuerza espiritual para enfrentar a este, que no es un contendor cualquiera, el Régimen actual. La Constitución dice que la jubilación es un derecho y no una imposición”, dijo Silva.

Aunque en la mañana tuvieron inconvenientes para marcar su ingreso, continuaron con sus labores. Tras un par de horas el problema fue resuelto por el departamento de Recursos Humanos.

En su despacho en el área de pediatría, el doctor César Molina revisó varias historias clínicas. Ahí comentaba la resolución del juez Moreno. “No es que no queremos salir, lo que rechazamos es la forma en que lo hicieron”.

En otro pasillo, el administrador del hospital Guayaquil chequeaba documentos y oficios. El economista Hugo Del Salto también fue restituido en su puesto, al igual que Myrna Alvarado.

Durante la mañana, en el exterior del área de ecografía, decenas de personas esperaban su turno. Adentro, en un pequeño cubículo, Alvarado observaba varias imágenes en un monitor. Ella se especializa en ecografía de gineco-obstetricia, en lo que ha laborado por 36 años en el hospital.

Desde que recibió la notificación verbal de su separación, el 4 de noviembre, Alvarado dice que solo dejó de trabajar por dos días. “Vino un médico a reemplazarme y le dije que estábamos en un proceso. El juez había ordenado suspender nuestra separación por lo que podíamos laborar”.

La directora del hospital, Maritza Barros, dijo que aunque no recibió una notificación del juez, los abogados del Ministerio de Salud le informaron sobre la resolución. En cuanto a los médicos contratados como reemplazo, aseguró que seguirán de apoyo. Y advirtió que el proceso legal continúa.

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