14 de mayo de 2018 09:18

Hija de la ambientalista asesinada Berta Cáceres reclama justicia en Europa

Mujeres con imágenes de la líder indígena hondureña Berta Cáceres participan en una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Managua (Nicaragua) hoy, martes 8 de marzo de 2016. La manifestación, en solidaridad con la asesinada ambienta

Berta Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres asesinada en el 2016, viajó a Europa con el fin de exigir que se haga justicia en el asesinato de su madre. Foto: EFE

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Agencia AFP

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La hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres inició este lunes 14 de mayo del 2018 en Bruselas una gira por Europa para reclamar mayor presión internacional para hacer justicia en el caso del asesinato de su madre y preparar la “primera demanda” fuera de Honduras contra un banco holandés.

Más de dos años después del asesinato de su madre, Berta Zúñiga Cáceres consideró “fundamental” la “incidencia internacional” para avanzar en la investigación y alertó, durante una rueda de prensa en Bruselas, de la voluntad de Tegucigalpa de mostrar al mundo cualquier resultado.

“No queremos resultados porque sí, sino también acabar con la estructura que cometió su crimen que continuó activa amenazando a parte de la comunidad que todavía se resiste a ese proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”, agregó la activista, con una imagen de su madre prendida en la ropa.

Al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres encabezó protestas contra la construcción por parte de la compañía Desarrollos Energéticos (DESA) de una represa en el río Gualcarque, en pleno territorio del grupo étnico lenca.

La dirigente indígena, asesinada en marzo de 2016 a manos de pistoleros, señaló reiteradamente a esta empresa por amenazarla de muerte. Su presidente forma parte de los nueve sospechosos detenidos por el crimen y en prisión en Honduras a la espera de la apertura del juicio oral.

Preocupada por el desarrollo de la investigación “en un país que tiene una de las tasas más altas de impunidad”, la actual coordinadora general del Copinh, que se reunirá con funcionarios de la diplomacia europea y eurodiputados, realiza una gira por Europa, que la llevará además a Holanda, Suiza, España y Alemania hasta el 31 de mayo.

La Unión Europea (UE) “debe exigir” a Honduras “justicia para Berta” , porque su caso refleja “muy bien la realidad” de los defensores de derechos humanos “en América Latina”, apuntó Marta Ibero, de la organización EU LAT, para quien la “presión internacional” permitió dar “avances” en el caso.

El asesinato de Cáceres “respondió, como mínimo, a un plan concebido” y contó con la participación de agentes estatales y directivos de DESA, según un informe de 2017 del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe), que apuntó también a una “negligencia deliberada” de las entidades que financiaban el proyecto.

En este sentido, Berta Zúñiga anunció una demanda por “negligencia” contra el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), que decidió retirarse del proyecto de Agua Zarca junto al Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finn Fund) en julio de 2017 tras la muerte de la ambientalista.

“El FMO por lo menos tenía conocimiento suficiente, antes de que se cometiera el crimen, de los hechos que se estaban realizando”, pero “no hizo nada para evitar su muerte”, explicó la hija de Berta Cáceres, precisando que la formalización de esta “primera demanda internacional” se producirá “en un mes”.

Pero la demanda ante la justicia holandesa podría no ser la única a nivel internacional. Para Miguel Ángel Urbina, abogado guatemalteco integrante del Gaipe, el asesinato de Berta Cáceres podría ser “un crimen de lesa humanidad”, en virtud del Artículo 7 del Estatuto de Roma sobre un ataque sistemático contra un grupo con identidad propia.

“Tenemos configurados todos los elementos de un crimen de lesa humanidad”, explicó Urbina, precisando que se estudia llevar el caso ante la justicia hondureña y, “de fracasar” este trámite, se activaría “el carácter subsidiario” que elevaría el caso a la Corte Penal Internacional (CPI).

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