4 de abril de 2016 15:07

Testigo de asesinato de Berta Cáceres contempla demandar al gobierno

El activista y ambientalista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres y quien estuvo retenido un mes en Honduras como testigo dijo que su retención fue ilegal. Foto: EFE.

El activista y ambientalista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres y quien estuvo retenido un mes en Honduras como testigo dijo que su retención fue ilegal. Foto: EFE.

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Agencia AFP

Gustavo Castro, el mexicano que fue testigo del asesinato en Honduras de la ambientalista Berta Cáceres, aseguró este lunes 4 de abril de 2016 que analiza la posibilidad de demandar al gobierno hondureño por no garantizar su seguridad y violar sus derechos durante el proceso jurídico del crimen.

Castro regresó a México el viernes 1 de abril de 2016, casi un mes después del crimen, pues las autoridades de Honduras habían emitido un alerta migratoria en su contra.

“De una manera ilegal, inconstitucional, me prohíben la salida sin determinar tampoco las razones ni cuántas diligencias” había que hacer, dijo Castro durante una conferencia de prensa en Ciudad de México.

“No hay ley de víctimas allá, no hay un reglamento para el mecanismo de protección de derechos humanos, no hay un reglamento para los testigos protegidos, entonces no había ningunas condiciones legales y públicas que garantizaran mi seguridad en un país donde yo había sido testigo de un asesinato” , aseguró.

El activista, coordinador de Otros Mundos Chiapas, explicó que, tras la presión internacional y “lo absurdo” de su permanencia en Honduras, las autoridades decidieron, “de un día para otro, sin más explicación que eso” , permitirle el regreso a su país.

Sobre la posibilidad de demandar al gobierno hondureño, dijo: “Lo estamos viendo todavía con los abogados, lo estamos analizando” .

Castro resultó herido a manos de los atacantes que el 3 de marzo entraron a la vivienda de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y la asesinaron a tiros.

La activista tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque había denunciado que la empresa Desarrollos Eléctricos, junto con autoridades militares, policiales y de la fiscalía en Honduras, la amenazaban constantemente de muerte por oponerse, a través de manifestaciones con indígenas del Copinh, a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.

El mexicano, que logró escapar de los agresores fingiendo estar muerto, estaba en la vivienda de Cáceres porque al día siguiente participarían en una conferencia sobre proyectos alternativos de generación de electricidad.

Castro intentó salir de Honduras cuatro días después del crimen para seguir colaborando con las investigaciones desde México, mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre ambas naciones.

Pero un juzgado puso una alerta migratoria para que no pudiera abandonar el país por un plazo de 30 días, que se cumplirían el próximo 7 de abril. Durante ese lapso, estuvo en la embajada de México.

Castro aseguró que Nelson García, otro ambientalista de Honduras, también fue asesinado poco después del crimen de Cáceres. “El asesinato de Berta temo que no vaya a ser el único, porque hay muchos intereses y mucha resistencia de los pueblos” , dijo.

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