6 de febrero de 2017 00:09

Las familias acuden a usureros para pagar las pensiones escolares

En esta carpeta, el colectivo de víctimas, agrupado en Pro Justicia Contra la Usura y Corrupción, archiva casos. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

En esta carpeta, el colectivo de víctimas, agrupado en Pro Justicia Contra la Usura y Corrupción, archiva casos. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Redacción Sociedad

Sus historias son muy parecidas. Para ellos, las reuniones entre padres de familia y profesores son un tormento. Antes de que se inicien, los maestros les piden, a veces en privado y otras en público, que se acerquen a colecturía a pagar las pensiones que adeudan. En ocasiones, reciben correos electrónicos. Aunque es común que ‘la cuenta’ llegue en escritos pegados en las agendas de sus hijos.

Esa situación genera desesperación en padres que perdieron sus trabajos, cerraron sus negocios o tienen montos por cobrar como proveedores del Estado. Eso les ha llevado a buscar alternativas para cancelar las mensualidades de la educación de sus hijos. Una de ellas es acudir al ‘chulco’.

Eso vivió Mario Gómez (nombre protegido). Él se atrasó tres meses en el pago de la colegiatura mensual de sus hijos, quienes estudian en un establecimiento del valle de Los Chillos. El ingeniero comercial, de 43 años, perdió su empleo hace exactamente un año y no tuvo otra opción que acudir a una usurera para cubrir unos USD 700 que debía. La pensión supera los 100.

Actualmente, su esposa solventa los gastos del hogar, así como los estudios universitarios de su hija mayor. Pero­ enero terminó y Gómez ya acumuló otro mes impago en la escuela. Teme que la deuda se incremente y supere a la del año pasado. No quiere volver a pedir ayuda a la usurera.

Los casos de personas que recurren a ‘chulqueros’ para cubrir los gastos de uniformes y material didáctico, así como de pensiones en los planteles educativos privados, no son novedad ni cosa de estos últimos años. Pro Justicia contra la Usura y Corrupción es un colectivo que agrupa a 500 personas que fueron víctimas de esa actividad en el país.

Su presidenta, Teresa Ordóñez, calcula que del universo de afectados por usura que pertenecen a ese gremio, aproximadamente el 40% usa el dinero para solventar gastos de enfermedad; 20% para pensiones escolares y más temas académicos; 20% para instalar negocios o emprendimientos y el otro 20% para adquirir autos o bienes inmuebles. La dirigente añade que “son frecuentes” los casos de deudas por temas educativos.

En el Consejo de la Judicatura no hay un registro detallado de denuncias por usura originadas para saldar gastos educativos. Lo único que se ha reportado es que de agosto del 2014 a diciembre del 2016 se resolvieron 168 causas por usura en el país.

Para René Puga, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central, la idiosincrasia es una de las razones por las que las familias se endeudan en colegios privados.

Apunta que años atrás, la calidad de la educación pública era cuestionada por los problemas con el extinto gremio de profesores (UNE). Eso ha cambiado. Pero “persiste una opinión negativa hacia la educación pública. No con esa intensidad, pero se piensa que lo privado, lo que cuesta, es mejor que lo público. Y no hablo solo de la educación secundaria sino de la universitaria”.

Otra observación de este economista es que los padres no hacen un cálculo adecuado sobre gastos permanentes como los de educación, comida, vestimenta o vivienda.

No solo en la capital hay padres de familia en apuros. Ordóñez recuerda la historia de una mujer, en Loja, que hizo un préstamo de USD 3 000 a una chulquera para cancelar las cuotas del colegio de su hijo, de 16 años. Luego, ella no tuvo con qué pagarle y la usurera le telefoneaba para insultarle. La víctima denunció su caso al colectivo y se acabaron las presiones. No obstante, sigue pagando los intereses cada mes.

El caso de Gómez es diferente porque una familiar le ayudó a devolver el monto que debía a la usurera. Se siente tranquilo porque no perdió su casa, como ha sucedido con otros que recurren a esta práctica ilegal.

Según los casos reportados por el colectivo Pro Justicia, Carmen J. (nombre protegido) se endeudó en USD 20 000. Con esa cantidad, ella pagó las 10 cuotas que debía en el colegio de su hijo y los gastos del hogar. También otras deudas pendientes.

Ella cuenta que firmó una letra en blanco al usurero y su casa, ubicada en sur de Quito, fue rematada. Tenía un almacén en el que comercializaba electrodomésticos en el Centro Histórico y lo perdió. Continúa viviendo en su propiedad, pero teme que en cualquier momento llegue el prestamista y le quite el bien.

Lo mismo ocurre con Luis V. (nombre protegido). Él trabajaba como mensajero, pero perdió su trabajo. Desesperado, pidió USD 15 000 para cubrir las cuotas que debía del carro que compró, así como para­ mantener a su familia. También para los montos del colegio de su chico. El préstamo lo adquirió con un interés del 10% que no alcanzó a pagar y tuvo que vender el automóvil.

Según datos del Ministerio de Educación, 151 921 alumnos se cambiaron del sistema particular al fiscal para este año lectivo, en la Sierra y Amazonía. Son 2 millones de chicos que se forman en planteles públicos, particulares, fiscomisionales y municipales.

El asambleísta Gastón Gagliardo, de Alianza País, integra la Comisión de Educación. Opina que el cambio de miles de alumnos al sistema público se debe a que la calidad de enseñanza ha mejorado.

“El padre ya confía. Ve al sistema fiscal como una posibilidad para que sus hijos puedan estudiar y salir adelante”. Pero ¿por qué pese a la gratuidad de la educación, algunos padres sin suficientes recursos eligen lo privado? Gagliardo también advierte que se trata de un tema cultural.

“Los padres quizá buscan que sus hijos alcancen cierto estatus, en un ambiente educativo”, responde. A su juicio, la gente está en libertad de escoger el plantel que guste, pero “uno tiene que saber, en la medida de sus ingresos, hasta dónde llegan las sábanas”.

Jenny Vinueza preside la Federación de Establecimientos Educativos Particulares de Pichincha (Fedepal). En algunos de los 43 centros filiales, 60% de representantes debe pensiones. No han tenido más que idear planes especiales.

Por ejemplo, algunos deudores pagan con servicios. Si tienen una imprenta se comprometen a imprimir hojas volantes u otro material del centro. En otros casos -cuenta la dirigente- a los papás que tienen talleres en los que se elaboran muebles, se les pide fabricar pupitres. El objetivo es evitar que sumen más cuotas y que busquen dinero en bancos o con prestamistas ilegales.

En contexto

En el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe se establece que no se puede negar el derecho a la educación a ningún estudiante. Se prohíbe, entre otras cosas, retener los pases de año o impedir que rindan exámenes o que ingresen a las salas de clase.

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