15 de junio de 2017 15:49

¿Qué se necesita para frenar el maltrato animal en el país?

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Gabriela Castellanos

El caso de Bruno, un pitbull atacado 14 veces con un machete en Quito, volvió a encender el debate sobre las leyes de protección animal en el Ecuador y las sanciones para las personas que agreden o matan a las mascotas. La pena que contempla la ley para este tipo de agresión es de trabajo comunitario.

Este viernes 16 de junio de 2017 se realizó un panel con tres invitados para analizar el caso de Bruno y otros de maltrato animal. El encuentro se transmitió en vivo a las 15:00 a través de EL COMERCIO.

Una de las invitadas a este diálogo fue Maritza López, voluntaria de la Fundación Camino a Casa. Ella habló sobre la importancia de endurecer las sanciones. "El trabajo comunitario es una pena muy leve. Deberían haber penas de prisión, mayores a tres años, para que de alguna manera haya un poco de temor de parte de quienes ejercen ese tipo de violencia", comentó.

Bruno, un perro de raza pitbull, fue herido 14 veces con un machete. Su caso abrió un debate sobre el maltrato animal en el país. Foto: Gabriela Castellanos/ EL COMERCIO.

Bruno, un perro de raza pitbull, fue herido 14 veces con un machete. Su caso abrió un debate sobre el maltrato animal en el país. Foto: Gabriela Castellanos/ EL COMERCIO.

Al encuentro también asistió Gabriela Quiroga, excandidata a asambleísta y parte del movimiento animalista nacional. Quiroga resaltó la importancia de trabajar en varios ejes. "Nosotros íbamos con la propuesta de trabajar en temas de educación y por otro lado las sanciones", aseguró. Además, resaltó la necesidad de que la ciudadanía se involucre en los rescates y en todo el proceso de rehabilitación de los animales.

La abogada Johana Aguirre, supervisora de inspección de la Agencia Metropolitana de Control, participó en el conversatorio. "En lo que va del año hemos recibido unas 300 denuncias y hemos atendido entre 200 denuncias", indicó.

Los invitados concluyeron que es importante coordinar el trabajo de las instituciones públicas y las organizaciones de protección animal para mejorar la eficiencia en los rescates y asegurar que se cumplan los procedimientos. De esta forma también se podrán aplicar las sanciones correspondientes.

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