9 de noviembre de 2017 00:00

Silvia Salgado: ‘10% de denuncias llegan a sanción’

Silvia Salgado es la presidenta de la comisión Aampetra de la Asamblea Nacional. Foto: Patricio Terán/ Archivo/ EL COMERCIO.

Silvia Salgado es la presidenta de la comisión Aampetra de la Asamblea Nacional. Foto: Patricio Terán/ Archivo/ EL COMERCIO.

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Mariela Rosero
Coordinadora (I)
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Hasta mañana (10 de noviembre de 2017), la Comisión Aampetra, que investiga casos de abuso sexual en escuelas y colegios, entregará un informe con planteamientos. Ayer (8 de noviembre) estuvo el presidente de la Judicatura para informar sobre las acciones que se han tomado sobre estos temas.

¿Cuál es la misión de la mesa que usted dirige?

La Comisión se originó por el caso Aampetra, para hacer el seguimiento de lo ocurrido con 41 alumnos, abusados sexualmente por un profesor. Debíamos presentar un informe sobre cómo actuaron sus autoridades educativas, identificar si se debían cambiar normas, qué pasó en el sistema de justicia y cómo quedaron los niños. Pero ahora tenemos 20 casos más.

¿Qué elementos comunes hay entre las denuncias?

Dos aspectos: padres que no creyeron a sus hijos o no se atrevieron a denunciar y un sistema educativo que trató superficialmente los casos. El punto no es que así actuó un colegio o una familia. Todo tiene una relación, es un problema estructural, una forma cultural de asumir un hecho, de decidir callar, hay corresponsabilidad ahí.

Sobre la actuación de directivos de los planteles, ¿cuál es la falla?

En las instituciones educativas, en algunos casos, hubo alertas, pero los sumarios administrativos expiran en un plazo de 90 días. Si en ese tiempo no se configura una evidencia, la denuncia se archiva. Así lo determina la Ley de Servicio Público y el Reglamento de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, que deben ser reformadas.

¿Qué cuestionar del sistema educativo?

La falta de responsabilidad de autoridades para dar seguimiento a esos casos. Además, hemos hallado evidencias de que prevaleció la defensa del prestigio institucional, por lo que se evitó que se hicieran públicos algunos casos. También familiares de víctimas nos repiten que piden a otros padres que escuchen a sus hijos.

Y en el sistema judicial, ¿qué debe cambiar?

Tras la denuncia, comienza otro viacrucis en el sistema de justicia. El padre de familia se encuentra solo frente a ese mundo, casos así son tomados como cualquier otro. No tienen un tratamiento específico, pasan dos años en investigación. La Defensoría Pública debería también estar más pendiente de ellos.

¿Por qué desde septiembre se han hecho públicas tantas denuncias?

Hay una conciencia de que no quede en la impunidad. Solo el 10% de estas causas que son denunciadas llegan a una sanción, el resto son archivadas, desestimadas o abandonadas. De 800 casos registrados, 400 y algo más fueron archivados en la instancia del sumario administrativo. Y casi el 50% no es denunciado.

¿Qué se ha ganado como sociedad en estos meses de conocer tantos casos?

Desde junio que se formó esta comisión, me parece que se ha avanzado. Hay una sensibilización en la sociedad, para
que estos casos no sean aceptados como normales. Hay protocolos de actuación en el sistema educativo desde el 2013, que se han ido reformulando.

¿Cuál es el mayor problema por corregir, para evitar más casos así?

Cada institución hace esfuerzos de forma desarticulada, no hay un sistema interinstitucional, que pueda abordar la problemática social y mida los impactos de las políticas y haga un seguimiento. Actúan en el marco de su competencia los colegios, la justicia, etc.

El viernes, en el informe que envíen para que lo revise el Pleno, ¿qué dirán?

No somos ejecutores. La comisión durará un año. Plantearemos que se cree un Sistema Nacional de Protección de Derechos. Hay un proyecto de ley del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, que usaremos. Queremos que los
afectados reciban atención.

¿Qué compromisos tienen de parte del Ministerio de Educación?

El ministro Fander Falconí emitió normativa para la admisión de docentes incluso en los planteles privados. Los exámenes psicométricos se aplicarán para profesores del sistema público y particular. También habrá 1 600 partidas más para integrar los Departamentos de Consejería Estudiantil, que son más que los que se dedicaban a la orientación vocacional.

Jeannine Cruz, de Creo, ha presentado un pedido de juicio político para el exministro Augusto Espinosa. ¿Tiene una responsabilidad política por todo lo ocurrido?

Él compareció a la mesa, dio cuenta de lo que hicieron e identificó temas pendientes. Una persona no puede ser responsable de cambiar la cultura de una sociedad. Hubo limitaciones en el sistema educativo, pero lo propio puede decirse del sistema judicial.

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