13 de diciembre de 2017 21:01

La justicia salvadoreña confirma condena a una mujer por ley antiaborto

Vásquez, recluida en la Cárcel de Mujeres de San Salvador, enfrentó un proceso de revisión de la condena en una sala del Centro Judicial Isidro Menéndez de la capital, adonde acudieron en su apoyo activistas de los derechos de las mujeres que impulsan la

Vásquez, recluida en la Cárcel de Mujeres de San Salvador, enfrentó un proceso de revisión de la condena en una sala del Centro Judicial Isidro Menéndez de la capital, adonde acudieron en su apoyo activistas de los derechos de las mujeres que impulsan la despenalización del aborto en el país. Foto: Agencia AFP

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Agencia AFP

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La justicia salvadoreña confirmó este miércoles 13 de diciembre de 2017 la condena a 30 años de prisión dictada en 2008 contra Teodora Vázquez tras sufrir un parto intempestivo, en una evaluación de la drástica ley antiaborto del país centroamericano.

Vásquez, recluida en la Cárcel de Mujeres de San Salvador, enfrentó un proceso de revisión de la condena en una sala del Centro Judicial Isidro Menéndez de la capital, adonde acudieron en su apoyo activistas de los derechos de las mujeres que impulsan la despenalización del aborto en el país.

“El tribunal llegó a la conclusión que la sentencia condenatoria en contra de Teodora Vásquez debe de confirmarse”, señaló una de las jueces del tribunal que analizó la sentencia condenatoria dictada en 2008.

La revisión de su caso se inició el viernes, pero el tribunal suspendió la diligencia debido a que la Fiscalía argumentó que necesitaba tiempo para estudiar el caso. “La prueba no fue valorada en su amplitud”, lamentó el abogado de la acusada, Víctor Hugo Mata.

“Paga una condena injusta”

Activistas que llegaron al centro judicial gritaban “viva Teodora” y “que regrese con su familia”, mientras instalaban pancartas pidiendo al tribunal que anule la sentencia y libere a Vásquez. Tras conocer la decisión del tribunal, muchas de las activistas rompieron en llanto y se retiraron en silencio de las afueras de la sede judicial.

En un comunicado, tras la confirmación de la sentencia, la presidenta del Centro de Derechos Reproductivos, Nancy Northup, dijo que la decisión judicial fue “una bofetada” pues la acusada “nunca cometió un delito”.

Distintos organismos internacionales apoyaron a Vásquez, quien se ha declarado inocente del cargo por el que ha permanecido por casi diez años en prisión. “Que me concedan mi libertad, porque soy inocente, porque tengo familia por quien luchar, porque tengo gente que me quiere y necesita que yo esté con ellos”, declaró el viernes.

Este miércoles, Vásquez recordó ante los tres jueces del tribunal lo que le sucedió ese día en que perdió a su hija, y no dijo nada más.

“Ella está pagando injustamente una condena que nunca debió ser, no cometió delito alguno y eso se debe de reparar”, dijo a la AFP Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico

A su vez, la directora de América para Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, consideró que “la trágica historia de Teodora es un triste ejemplo de todo lo que está mal en el sistema de justicia de El Salvador, donde derechos humanos parecen un concepto foráneo”.

El forense guatemalteco José Mario Nájera, quien actuó como perito en el caso, declaró durante la audiencia que, tras hacer un estudio del informe del instituto forense salvadoreño, la bebé no estaba viva al momento de nacer.

“No es posible indicar que la recién nacida haya nacido viva”, dijo Nájera en la audiencia.

Estaba inconsciente al ser detenida

El artículo 133 del Código penal salvadoreño establece una pena de 2 a 8 años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

Bajo la severa legislación, al menos 27 mujeres pobres que por emergencias obstétricas buscaron asistencia en hospitales públicos, quedaron detenidas acusadas de homicidio agravado y ahora afrontan penas de cárcel, en algunos casos hasta de 30 años.

Desde octubre de 2016, el Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto en casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o por inviabilidad del feto.

El caso de Vásquez se remonta al 14 de julio de 2007, cuando a los nueve meses de embarazo tuvo una emergencia obstétrica mientras trabajaba de empleada en un colegio de San Salvador.

Vásquez desde el baño del colegio llamó al servicio 911 de emergencias para que la llevaran al hospital, y al no obtener respuesta sufrió una hemorragia severa y el bebé nació muerto.

Al localizar al bebé muerto, otro empleado del colegio avisó a la policía que patrullaba la zona y la mujer, aún en estado inconsciente, fue detenida.

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