22 de febrero de 2016 11:44

Ecuador prevé repatriar al menos cinco lotes de bienes patrimoniales en 2016

Estos bienes patrimoniales recuperados en 2016 sumarán alrededor de 12 000 elementos devueltos entre 2010 y 2015. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Estos bienes patrimoniales recuperados en 2016 sumarán alrededor de 12 000 elementos devueltos entre 2010 y 2015. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Agencia EFE

Ecuador prevé repatriar este año al menos cinco importantes lotes de bienes de su patrimonio cultural que han sido recuperados en Perú, Italia y Alemania y que se sumarán así a los cerca de 12 000 elementos devueltos entre 2010 y 2015 a territorio ecuatoriano.

Se trata de piezas culturales de lo que se conoce como los casos "Perú", "Otella", "Rivoira", "Kuchenmuller" y "Retinger", según la denominación con la que trabaja el Comité Técnico Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

El caso "Perú" permitirá recobrar al país un conjunto de antiguos libros religiosos que fueron encontrados en el puerto peruano del Callao, mientras que el "Otella" y el "Rivoira" consisten en piezas arqueológicas recuperadas en Italia.

Los dos restantes se refieren a figuras arqueológicas halladas en Alemania, dijo en entrevista con EFE la presidenta del Comité, Pilar Páez. Entre 2010 y 2015, en Ecuador se recobraron cerca de 12 000 bienes culturales, la mayoría arqueológicos, de ellos 6894 como resultado de operaciones efectuadas en el territorio nacional y 4 998 en el exterior, según datos del Comité.

Italia, Argentina, España, EE.UU., Egipto, Chile, Dinamarca y Noruega son los países de procedencia de la mayor parte de objetos patrimoniales recuperados. En opinión de Páez, en Ecuador es necesario que el Estado despliegue una "política estructural" hacia los "huaqueros", personas de escasos recursos económicos que expolian el patrimonio de sitios arqueológicos para venderlo a "precios irrisorios" a intermediarios que, a su vez, lo hacen llegar a redes criminales.

"Hay que darles (a los huaqueros) una solución económica de vida, darles otra actividad y no esta", dentro de "un proceso muy sostenido" en el que "tiene que entrar el Estado", indicó.
El tráfico de bienes patrimoniales es uno de los mayores delitos trasnacionales, según la experta, quien destacó la dificultad que entraña luchar contra esta actividad que, en América Latina, afecta en especial a Perú, Bolivia, Colombia y México, además de a Ecuador.

No hay certeza sobre el modo de operar de las organizaciones criminales, pero se sospecha que en muchos casos, tras pasar por intermediarios, las piezas acaban en casas de subastas sin que sea posible demostrar la mala fe de las operaciones comerciales, dijo.

Para la presidenta del Comité es también muy necesario un trabajo de prevención para que los ecuatorianos conozcan que el patrimonio cultural arqueológico "es su patrimonio". Hay que dar a conocer a la ciudadanía que se trata de "la memoria que debemos guardar para las presentes y futuras generaciones, que esa es nuestra identidad", enfatizó.

La lucha contra el tráfico de bienes culturales es una política de Estado en Ecuador, donde el tratamiento de este tema experimentó un giro importante en 2007. Indicó que en ese año se decretó la "emergencia" del patrimonio cultural a raíz del robo de la custodia de Riobamba, una valiosísima pieza de artesanía religiosa cargada de oro, plata y piedras preciosas que fue sustraída del museo de las Madres Conceptas en esa localidad y de la que solo se recuperó una pequeña parte.

El hecho, dijo, "desencadenó la necesidad de dar mayor fuerza" a la protección del patrimonio y ello llevó en 2010 a la firma de un decreto por parte del presidente Rafael Correa que declaró como política de Estado el combate a este tráfico ilegal.

En el ámbito internacional, Ecuador y otros países latinoamericanos trabajan desde hace varios años para tratar de conseguir que se reforme el tratado de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre esta materia, que data de 1970 y hoy en día "no es de mayor utilidad" para los países que sufren este expolio, indicó.

Ese tratado exige a los países que reclaman elementos patrimoniales que acrediten la fecha en la que los bienes salieron de sus fronteras, que demuestren la mala fe de quien los posee y que los elementos reclamados estén inventariados, algo prácticamente imposible de cumplir en la mayoría de los casos, señaló Páez.

La dificultad se ve acentuada, según ella, porque "los países europeos facilitan el comercio de bienes culturales", ya que las legislaciones nacionales "protegen al tenedor de buena fe", precisó.

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