13 de marzo de 2017 00:00

El proceso penal es el más recurrente para tratar el tema de drogas en América Latina

Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Ley Orgánica de Prevención Integral de las Drogas, aprobada enel 2015,  aumentó las penas para los microtraficantes. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Gabriela Coba

En los últimos años, América Latina es una de las regiones donde más se ha cuestionado sobre las políticas de drogas planteadas en el mundo. Y aunque se haya avanzado en reformas, el control de sustancias estupefacientes no parece alejarse de la herramienta penal como principal respuesta de gobierno.

La judicialización es el proceso recurrente en como se afrontan los problemas vinculados a su producción, distribución y consumo.

Según el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) lo anterior se traduce en “encarcelamiento de actores menores del tráfico y en muchas ocasiones las consecuencias recaen en los usuarios”.

CEDD presentó en 2015 un estudio donde evidencia que a pesar de los pequeños cambios en América Latina las drogas siguen siendo una problemática penal antes que social. Esto se reflejaría, según esa organización, en el aumento de la población que se encuentra en prisión. Una cifra alarmante se evidencia en Brasil, donde en siete años la población carcelaria por drogas aumentó en un 320%.

Información Colectivo de Estudios Drogas y Derecho


En los países de la región la legislación nacional sobre drogas provienen de una interpretación estricta del modelo de fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de las Convenciones de Naciones Unidas. Sin embargo, estas políticas han generado cuestionamientos.

Uno de ellos es la Declaración de Quito, adoptada en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en el 2015. Las autoridades de los países miembros señalaron la necesidad de incorporar los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos a las convenciones de drogas, buscando políticas centradas en el bienestar de los ciudadanos.

Las reformas, que han emprendido algunas naciones latinoamericanas, evidencian la necesidad de la región de tener un cambio en materia de drogas. Un ejemplo de ello es Uruguay, donde en 2013 se modificó su legislación para regular la producción y acceso al cannabis y sus derivados. Esta nación es la primera en legalizar el consumo de marihuana en el mundo.

Ese mismo año, Costa Rica cambió la ley para moderar las penas de delitos de ingreso de drogas a cárceles. Esta sanción afectaba sobre todo a mujeres.  En 2011 el 75,46% de presas en Costa Rica lo estaban debido a delitos con sustancias estupefacientes, según datos un informe Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento publicado por la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Informe Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento


En ese documento se evidencia que el uso de la cárcel como respuesta frente las drogas en la región ha afectado desproporcionalmente a las mujeres. Así como en Costa Rica, en Brasil y Argentina más del 60% de la población carcelaria femenina esta en prisión a causa de crímenes relacionados con drogas. 

Ecuador también forma parte de los países que a ajustado su normativa. En 2010 el Código Integral Penal diferenció por primera vez el tipo de tráfico, según las cantidades. En el artículo 220 se determinaron cuatro categorías: el tráfico de menor, mediana, alta y gran escala. De esta manera las 'mulas' no son las mismas que para un productor. 

En el 2015 se aprobó la Ley Orgánica de Prevención Integral de las Drogas. Si bien la norma aumentó las penas para los microtraficantes, también tomó en cuenta la necesidad de entender este problema como un tema de salud pública. En la legislación se prevé la obligación del Estado de dar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a consumidores ocasionales, habituales y problemáticos de drogas y aplicar programas de recuperación.

Las propuestas sobre drogas de los candidatos 

La tabla de posesión de dosis mínima de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, instaurada durante el Gobierno de Rafael Correa, ha sido uno de los temas más tratados por los candidatos a la Presidencia de Ecuador, en las elecciones del 2017.

Una vez definidos los presidenciables de la segunda vuelta, los candidatos Guillermo Lasso y Lenín Moreno han planteado la creación de programas de prevención y lugares de tratamiento para los consumidores de drogas, respectivamente.

Lasso también ha hablado sobre reformas legales para corregir el microtráfico y contratación laboral para los “grupos en riesgo”.

En cuanto al presupuesto para el tratamiento de este tema, Lasso dijo el pasado 5 de enero en Guayaquil: “Les prometo que hasta el último centavo del presupuesto de publicidad de Gobierno lo vamos a destinar al programa prevención de drogas”.

Moreno propone el proyecto "Date un Chance! Un día a la vez”. Se trata de un programa para prevenir y detectar el consumo de drogas en niños y jóvenes de familias vulnerables.

Al respecto, el candidato oficialista ha ofrecido un combate frontal al tráfico de sustancias estupefacientes en caso de llegar a Carondelet. “Los microtraficantes y narcotraficantes que se preocupen porque los vamos a expulsar del país y a los otros los vamos a encarcelar “, dijo el 7 de enero en Cayambe.

El presidenciable por Alianza País también ha dicho que en su gobierno se tratarán las adiciones en el sistema público de salud. Además, el 11 de febrero, Moreno prometió más centros de rehabilitación para personas con problemas de adicción a las drogas.

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