12 de enero de 2017 12:38

Delegada de la FIDH considera que las pruebas contra Acción Ecológica son 'precarias'

Diana Murcia, delegada de la federación Internacional de derechos humanos en rueda de prensa sobre Acción Ecológica.

Diana Murcia, delegada de la Federación Internacional de Derechos Humanos en rueda de prensa sobre Acción Ecológica. Foto: Armando Prado/EL COMERCIO

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Ana María Carvajal

Diana Murcia, delegada de la Federación Internacional de Derechos Humanos, considera que las pruebas que el Ministerio del Interior presentó en la audiencia del proceso de disolución de Acción Ecológica son precarias.

Murcia ofreció una rueda de prensa la mañana de este jueves 12 de enero del 2017 en la sede de la organización no gubernamental y dijo que la decisión prevista para esta tarde, en el Ministerio de Ambiente "es la posibilidad de que cualquier organización en el Ecuador sea cerrada en un proceso que no va a durar más de tres días".

Ella se mostró optimista frente al proceso porque considera que las pruebas no son suficientes para cerrar una organización civil. Esta tarde, Ambiente ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre la resolución frente a este proceso. Para Murcia, no se puede tomar un tuit que diga "Petróleo y minería, la misma porquería" para cerrar una persona jurídica por "generar conmoción social" o abrir un proceso judicial en contra de una persona natural.


Según su testimonio, en la audiencia celebrada un día antes, los funcionarios del Ministerio del Interior mencionaron que los proceso de desalojo se habían hecho con las debidas salvaguardas. Pero Murcia recuerda que hace dos años participó en una misión en las cuales ella escuchó las narraciones de los pobladores, que contaron que hubo actos de violencia en contra de ellos, en los desalojos.

Dijo, además, que no se puede presumir que los actos del poder público son legítimos y que lo que hacen las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas es un control de la función pública, "porque eso es lo que se hace en democracia. Los ciudadanos critican el poder público y este toma nota, mejora sus procedimientos, investiga, juzga y actúa en razón a la Constitución. Eso es lo que debe ocurrir.

Murcia afirma que en el proceso que se inició en contra de Acción Ecológica por supuesta incitación a la violencia desde sus redes sociales, lo que se observa es que la ONG alertó a las autoridades de que podía ocurrir una situación de conflictividad si no se llevaba de forma correcta el proceso de consulta previa en comunidades shuar de Morona Santiago y no hubo respuesta del Gobierno.

Ahora, según la abogada que ha participado en tres misiones de derechos humanos en Ecuador, "ahora se traslada la responsabilidad a Acción Ecológica por lo que ocurrió en la zona. La responsabilidad es de los funcionarios públicos que no efectuaron consulta previa, no tomaron relaciones acertivas con los pueblos indígenas y que siguen efectuando una acción de criminalización".

Recordó que en ocasiones pasadas y casos similares, la FIDH y otros organismos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han presentado informes sobre este tipo de situaciones. "No existe organismo internacional que no le haya dicho al Ecuador que mejore sus procedimientos. Tenemos declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos , del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se lo dijeron al Ecuador varios países durante el Examen Periódico Universal. La fortuna es que el Gobierno ecuatoriano no puede cerrar ni a la ONU ni a la CIDH".

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