Los comentarios que se emiten en la Web pueden repercutir en acciones legales. ILUSTRACIÓN: MCT DIRECT
Los expertos dicen que lo que se publica en Internet nunca más vuelve a ser algo personal. Los comentarios que se publican, los datos que uno proporciona a un sitio web, las fotos que se cuelgan… Todo pasa a ser propiedad de la Internet.
En ese contexto, ¿es posible que desaparezcan los derechos humanos consagrados en tratados internacionales y en leyes de cada país? ¿Las personas están vulnerables en cuanto a la protección de su información personal o de su identidad?
Efrén Guerrero, docente y candidato a doctorado en Derecho, afirma que los derechos y obligaciones que tienen las personas no cambian en el mundo digital, ya que si las acciones o comentarios que se emiten en esta plataforma afectan al contexto “real” están sujetas a las mismas leyes.
Es decir, si una persona suplanta a otra y comete algún delito, esto traerá consecuencias legales, así haya sido en el ámbito de la Red.
Santiago Acurio, docente de derecho informático de la Universidad Católica del Ecuador, afirma que el acceso a la información es un derecho que está estipulado en la Constitución del Ecuador, pero bajo las normas de respeto a los derechos de las otras personas. Esto implica que no se puede permitir el acoso utilizando los medios virtuales.
Sin embargo, no hay restricciones en referencia al uso de los datos personales que alguien entrega a una página cuando se suscribe a determinado servicio o a una red social.
Además, no hay un espacio territorial para establecer las normas que deben regir sobre cada caso. Acurio explica que hay tres tipos de juzgamiento en torno al espacio que son: por el resultado, la ubicación o la ubicuidad.
De acuerdo con la ley ecuatoriana, quien lleva la jurisdicción de un proceso judicial es el consumidor, entonces serían aplicables las leyes ecuatorianas desde el punto de vista de nuestra legislación. En Estados Unidos, por otro lado, se aplican las normas de donde se encuentra el servidor porque el “consumidor se traslada de forma ficticia adonde este se halle para realizar las acciones vía Internet”.
Por ejemplo, en el país no hay una oficina de Facebook, entonces si se quiere poner la demanda tendría que ir a Estados Unidos, o recurrir a una organización internacional.
Es por esto que es importante que las personas primero lean los términos de uso que establece cada página. Al empezar a utilizarlas se hace un contrato de adhesión, porque no se discute nada con el proveedor, el usuario solo revisa las condiciones de uso y la privacidad.
Estas mismas páginas dan la opción de denunciar cuando alguien siente que se han vulnerado a sus derechos, pero si el caso no se resuelve de esta manera, se puede recurrir a instancias legales, afirma Acurio.
“Hay poca discusión y mucha práctica”, afirma Guerrero en relación con el uso que se hace de redes sociales en el país y la generación de leyes que regulen lo que sucede en ellas.
Se están construyendo estos estándares sobre cómo deben ser las acciones legales, pero admite que estas deben ser mínimas y para protección de menores, evitar la xenofobia, la discriminación y actuar en favor de la seguridad nacional.
Un comentario en su perfil de Facebook le ocasionó a Camilo C. un día de detención. Él no se imaginó que un “chiste” le podría traer consecuencias legales. Su escrito fue utilizado como prueba en el proceso. Aunque horas más tarde se comprobó su inocencia, la experiencia le enseñó a dar un “mejor” manejo de las redes.
El derecho al olvido es otro punto en el cual se crea un conflicto en el mundo digital ya que las redes sociales conservan todas las actividades de las personas. Este tema ha sido objeto de varios debates internacionales y en Europa se ganó una batalla al gigante Google.