Chile está saliendo recién de una sequía, que fue relativamente corta.
Pese a que América Latina y el Caribe concentran 12% de los suelos cultivables del planeta y un tercio de sus reservas de agua dulce, varios factores contribuyen a la degradación de sus suelos y al éxodo rural que compromete la seguridad alimentaria en un futuro ya no tan improbable.
Los datos y la alerta surgen de estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cuando se celebró, ayer, 17 de junio, el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En este año se puso énfasis en la migración rural como una de las consecuencias del aumento de los procesos de desertificación, la erosión de los suelos y la caída de las precipitaciones.
Durante los últimos 50 años, la superficie agrícola de la región aumentó de 561 a 741 millones de hectáreas, con una mayor expansión en América del Sur que fue de 441 a 607 millones de hectáreas. Ese incremento trajo por lo general el uso intensivo de insumos, la degradación de suelos y el agua, la reducción de la biodiversidad y la deforestación.
14 % de la degradación mundial de los suelos ocurre en esta región, siendo más grave en Mesoamérica, donde afecta al 26% de la tierra, mientras en América del Sur se sitúa en 14%. “A medida que los suelos se degradan, la capacidad de producir alimentos se reduce, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria”, explicó Jorge Meza, oficial forestal de la FAO, desde su oficina regional en Santiago de Chile.
Según Meza, la degradación de suelos depende de factores como la gravedad y extensión de la degradación, la dureza de las condiciones climáticas, la situación económica de las poblaciones afectadas y el nivel de desarrollo nacional.
En ese sentido, la primera reacción de una población que intenta sobrevivir es intensificar la explotación ya excesiva de los recursos naturales más accesibles. El segundo paso -añadió- es liquidar todo lo que posee como equipos, incluso para encarar las necesidades monetarias para la educación, la salud o una crisis de alimentos.
“El tercero es el rápido aumento de la emigración rural: los varones adultos o los jóvenes de ambos sexos emigran por temporadas o durante años en busca de trabajo a otras regiones del país (especialmente a las ciudades) o al exterior. Estas estrategias suelen conllevar la ruptura de la comunidad y, a veces de la familia”, completó sobre el pernicioso proceso.
“La perspectiva es que a medida que se incremente el cambio climático y no se mejore la resiliencia de las poblaciones rurales, sobre todo las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, estas cifras se podrían incrementar de manera importante”, advirtió el experto regional.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a los “migrantes ambientales” como las personas o grupos de ellas que se ven forzadas o eligen dejar sus poblaciones por los cambios repentinos o progresivos en el entorno que afectan a sus modos de vida. Pero según René Saramago, consultor de FAO para Desarrollo Territorial Rural, la migración rural tiene una multiplicidad de causas como la pobreza, la falta de oportunidades y, en algunos casos, como sucede en los países del llamado Triángulo Norte Centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala), la violencia criminal.
A esos elementos se agrega ahora la vulnerabilidad de los hogares ante fenómenos climáticos, como sequías cada vez más intensas y frecuentes. “El ciclo ‘vicioso’ al que se refieren tiene así mucho que ver con el rezago histórico de las zonas rurales latinoamericanas, donde la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos se suma a otros factores de vulnerabilidad que ‘empujan’ a la gente a migrar, simplemente porque no hay oportunidades y porque lo que antes era su actividad principal, la agricultura, ya no les permite sobrevivir con dignidad”, sostuvo.
Para el experto, revertir ese fenómeno implica respuestas integrales en el sentido de administrar las tierras de manera sostenible, de evitar la degradación y de promover su recuperación, aunque no sería suficiente para reducir la presión migratoria. En este ámbito, el apoyo estatal resulta primordial para establecer acciones que no solo beneficien a la población rural, sino a la urbana.