28 de August de 2010 00:00

Su declaración inquietó a las universidades

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Reds. Política y Sociedad

Caminó presuroso por el pasillo de piedra, al exterior de su oficina esquinera, en la planta baja del Palacio de Carondelet. El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quiso pasar inadvertido al cruzar por el patio sur del Palacio.

Al pie de las gradas principales (único acceso hacia el Salón Amarillo) se encontró de frente con una docena de periodistas. En menos de un minuto lo rodearon micrófonos y grabadoras. Sus anteojos brillaban por los flashes que disparaban las cámaras.

“¡Doctor, ¿cómo avanza el veto a la Ley de Educación Superior?!, preguntó desde lejos una voz femenina. Dirigiéndose a las cámaras de televisión, el funcionario no dudó en responder: “Estamos avanzando en eso”.

La suya fue una respuesta que no satisfizo. Segundos después, una voz masculina le replicó. “¿Cómo está avanzando?”.

“Ya lleva 20 páginas, faltan unas 20 más, probablemente. Va a ser un veto voluminoso”. Esas palabras dieron pie a más repreguntas que él no quiso esquivar.

“¿Se va a ratificar en lo que dijo el Presidente de dejar de lado los temas que habían sido acordados con algunos sectores políticos?”, insistió el reportero.

“Sobre los que nos traicionaron, sí”, respondió sin titubear. Fueron sus últimas palabras antes de subir al Salón Amarillo para asistir a la ceremonia de condecoración del embajador de Cuba en Ecuador, Benigno Pérez, el lunes pasado. Su revelación ratificó lo anunciado por Rafael Correa, días después de aprobarse esa ley. El Mandatario dijo, antes de salir de vacaciones por 12 días, que los 48 cambios introducidos al documento serían los que se vetarían.

Aunque la intervención de Mera ante los medios duró menos de un minuto, sus palabras bastaron para que el sector universitario volviera a inquietarse por la polémica ley aprobada con 63 votos, el pasado 4 de agosto. Sus palabras fueron material de análisis en radio, notas periodísticas en prensa y reportajes en televisión.

Y la pira política se encendió más aún porque el 4 de septiembre se cumple el plazo para que el Ejecutivo objete esta ley.

Como secretario jurídico de la Presidencia, desde el primer día de gobierno, Mera ha sido de los funcionarios de mayor confianza del Presidente. El también ex asesor de León Febres-Cordero formó parte del grupo que revisó los textos de la Constitución e incluso se acercó a Montecristi en la recta final. Por su cargo, también coordina todos los vetos con el Primer Mandatario.

De hecho, ese mismo día, antes de dar las declaraciones sobre la Ley de Educación Superior, aseguró que hablaría con Correa sobre el Código de Ordenamiento Territorial. Luego, sus palabras sobre la Ley de Educación Superior fueron analizadas con preocupación por sectores universitarios. La injerencia política de Mera en el Ejecutivo es evidente y, por eso, los temores regresaron al sector universitario.

El miércoles pasado, los rectores, estudiantes y empleados sesionaron en Guayaquil para discutir los posibles riesgos en caso de que el veto supere, en extensión y profundidad, las previsiones de Mera. Por eso dicen que desconocerían el proyecto final.

Una de las mayores preocupaciones es que el presidente Correa le dé atribuciones de rectoría a la Secretaría Nacional de Educación Superior, como constaba en el proyecto original. El texto aprobado por la Asamblea especifica que este nuevo organismo será el ente coordinador entre el sistema de Educación Superior y el Ejecutivo.

Una posible salida que encuentra el sector universitario es exigir que, antes de que el Presidente vete la ley, el documento regrese a la Asamblea Nacional y sea analizado nuevamente.

Pero ni Mera ni Correa se han pronunciado ante este escenario. Tampoco se han referido a la posición de los rectores que señalan que la aprobación del proyecto fue ilegal. Argumentan que el voto del asambleísta Eduardo Paredes (A. País), quien se principalizó ante la ausencia de Washington Cruz, no es válido. Incluso Carlos Cedeño, presidente de la Asamblea Universitaria, no descartó iniciar un proceso legal contra Paredes.

Ante esto, la asambleísta Aminta Buenaño, quien integró la Comisión de Educación encargada de introducir modificaciones al proyecto explicó que, según las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la acción de Paredes es la reglamentaria.

La idea de que se vete la ley preocupa al sector universitario. Los rectores se reunirán el jueves para decidir qué acciones tomarán para defenderse del veto que Mera considera una especie de sanción para los ‘traicioneros’.

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