17 de June de 2010 00:00

El dictamen sobre piezas incautadas causa disgusto

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Redacción Cultura

Desilusionadas y molestas con una parte de la justicia ecuatoriana. Así dijeron sentirse ayer María Fernanda Espinosa, ministra coordinadora de Patrimonio, y Érika Silva, ministra de Cultura.

El malestar se debe a que se enteraron del fallo a favor de la familia Avilés Marcillo, dictado por un grupo de conjueces.

El dictamen pide al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que devuelva a dicha familia las 800 piezas incautadas de las culturas Jama Coaque, Valdivia, Manta y Chorrera.

“Lastimosamente, a pesar de los esfuerzos que ha realizado el Gobierno Nacional, una parte de la justicia ecuatoriana ha actuado en contra de nuestro patrimonio y a favor de los intereses económicos de un pequeño grupo”, dijo Espinosa, que en la rueda de prensa se sentó a la derecha de Washington Pesántez, fiscal general de la Nación.

Erika Silva, en cambio, manifestó que “la decisión de la justicia representa un atentado a los intereses nacionales cuando se vulnera el ideal de justicia”.

Antes la decisión de esos conjueces, el Gobierno Nacional, por intermedio de la Comisión de Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales, presentó el 15 de junio una acción extraordinaria de protección.

Con ello se espera que la Corte Constitucional del país revoque los autos de sobreseimiento definitivo del proceso, reconociendo el derecho de propiedad del Estado ecuatoriano.

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