7 de July de 2010 00:00

El Estado tiene una demanda de USD 4 millones

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Redacción Guayaquil

La familia Avilés-Mancillo pide una indemnización del Estado por USD 4 millones. El argumento es “la destrucción de las piezas patrimoniales de su colección que están en manos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)”.La denunciante, Ana Cecilia Marcillo, se respalda en el informe del museólogo Felipe Cruz, elaborado en julio del 2008.Este trámite se inició en la Fiscalía del Guayas y, para ayer en la mañana, estaban convocados a dar sus versiones: Inés Pazmiño, directora del INPC; Tania García Alvarado, ex directora del Instituto; Alfredo Moreira del Pozo, director técnico de la Subdirección del Litoral del INPC, y Gloria López, de Registro e Inventario de la Subdirección de Instituto. La diligencia no se realizó. La fiscal Mónica Rivera, encargada de recoger las versiones, tuvo otra actividad en la Corte Provincial. Habrá otra convocatoria.Esta demanda tiene su antecedente en el proceso que inició el Estado, a través del INPC, en contra de Susana Avilés Marcillo, Ana Cecilia Marcillo Murriagui, Edgar Nakache, Javier Verliz Alvarado y Luis Alberto Avilés Marcillo. Esto fue en el 2006.A ellos se les acusó de un supuesto tráfico de piezas y objetos arqueológicos.Por este proceso, se pusieron bajo custodia del Estado piezas de las culturas Jama Coaque, Valdivia, Manta y Chorrera. 693 se incautaron en dos operativos en el norte de Guayaquil, en julio y septiembre del 2006. A ellas se suman otras 164 que llegaron desde Miami, que fueron incautadas por el FBI y, luego, devueltas por Estados Unidos.El proceso tuvo un giro en mayo pasado, cuando los conjueces de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas decidieron el sobreseimiento definitivo para los implicados. Además, la Sala dispuso la devolución de las piezas.En declaraciones anteriores, al referirse a la posibilidad de la demanda, la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, dijo que todas las acciones realizadas se encaminan a garantizar la conservación y permanencia del patrimonio de los ecuatorianos en el país. Además, criticó la actuación de los conjueces.El Gobierno presentó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Para Ana Marcillo, han sido cuatro años de injusticias, bajo el argumento de que es una traficante de piezas. Su nombre y el de su familia han sido afectados por estas acusaciones.

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