29 de marzo de 2016 16:26

Tribunal impone penas máximas a asesinos de ambientalista Jairo Mora

El ambientalista Jairo Mora fue asesinado mientras cuidaba nidos de tortugas en el 2013. Foto: Wikicommons.

El ambientalista Jairo Mora fue asesinado mientras cuidaba nidos de tortugas en el 2013. Foto: Wikicommons.

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Agencia AFP

Un tribunal de Costa Rica impuso penas que van de 74 a 90 años de prisión a cuatro hombres sentenciados por el asesinato del ambientalista Jairo Mora en mayo de 2013, en el segundo juicio que se realiza sobre el caso.

Los jueces condenaron a Héctor Cash a 90 años, a Ernesto Centeno y a Brayan Quesada a 87 cada uno y a Donal Salmón a 74, pero todas las condenas se ajustan a la pena máxima establecida por la legislación del país que es de 50 años.

Además del homicidio del joven ambientalista, que se dedicaba al cuido de nidos de tortuga en playa Moín de Limón, en el Caribe costarricense, los sentenciados sumaron condenas por secuestro, violación y robo agravado en contra de cuatro mujeres que acompañaban a Mora en el momento del ataque.

En un juicio anterior, en enero de 2015, otro tribunal había absuelto a los hoy sentenciados debido a alegados errores en la investigación y el mal manejo de pruebas por parte del Ministerio Público.

Sin embargo, la sentencia fue anulada por un tribunal de apelaciones que ordenó repetir el juicio oral y público con un nuevo tribunal de la provincia de Limón, 170 km al este de la capital

Los hechos se remontan a la madrugada del 31 de mayo de 2013, cuando Mora y cuatro mujeres, tres estadounidenses y una española, fueron emboscados en playa Moín mientras cuidaban nidos de tortuga.

El ambientalista, de 26 años, recibió golpes en la cabeza hasta quedar inconsciente y posteriormente fue amarrado a una camioneta y arrastrado por la playa, donde murió asfixiado por la arena. Las mujeres fueron secuestradas por varias horas, maniatadas y ultrajadas sexualmente.

El asesinato de Jairo Mora, que causó una gran conmoción interna, puso de relieve la escasa protección que el estado costarricense da a los activistas ambientales, pese a ser un país que se promociona internacionalmente como “una democracia verde” .

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