15 de diciembre de 2017 14:48

Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas preocupado por violencia sexual infantil en Ecuador

Luis Pedernera es Secretario Ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño,miembro del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por los derechos de niños, niñas y adolescentes y autor de reflexiones académicas sobre derechos de la niñez y

Luis Pedernera es Secretario Ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño,miembro del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por los derechos de niños, niñas y adolescentes y autor de reflexiones académicas sobre derechos de la niñez y la adolescencia. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

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Carla Sandoval
Redactora (I)

Cada cinco años, Ecuador recibe recomendaciones generales por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Estas llegaron al país en septiembre de este 2017 y durante el 11 y el 15 de diciembre, dos miembros del comité visitaron el país para apoyar la implementación de las sugerencias.

Gran parte del informe remitido al país enfoca su atención en los casos de violencia sexual infantil. Así lo explicó, Luis Pedernera, secretario ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño, quien considera que los casos de abuso sexual escolar que se han desvelado en los últimos meses “han conmocionado a la sociedad ecuatoriana, pero fundamentalmente por el silencio que hubo”.

De acuerdo con datos entregados en la comisión Aampetra por la Fiscalía, entre el 2015 y septiembre de 2017 se han receptado 714 denuncias de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. ¿Cómo ve el comité esta realidad?

Hemos pedido al Estado una rápida atención al tema y una atención integral. Le pedimos que tenga información clara que cuantifique y que de una idea de la dimensión del problema. En estos días hemos observado que los datos de Fiscalía difieren de lo que dice el Ministerio de Educación y eso indica cuál es el acercamiento que hace el Estado a las políticas en donde que no tiene una certidumbre sobre la información.

El Comité recomienda tener datos periódicos, revisables, que permitan tener claridad al momento de formular la política, revisarla, reformularla o sacarla. Eso rige también para el tema de violencia.

Nos hemos enterado que la Asamblea creó una comisión especial sobre Aampetra. Pedimos que no se agote en esa comisión. Durante la sesión en el comité se habló del caso El Principito, se habló del caso Aampetra y se sabe, o hay rumores, de que estos episodios de violencia sexual contra niños, niñas, pueden ser aún mayores de los datos que se conocen.

¿Qué pide el comité para hacer frente a esta realidad?

Una política integral de abordaje a la problemática. Una política de prevención y educación. Es decir, los niños tienen que estar formados. El Estado Ecuatoriano tiene un deber en materia de educación sexual en el sistema educativo. Hemos dicho en las recomendaciones que debe ser rápidamente abordada una política de educación sexual y salud sexual y reproductiva en la malla escolar.

Apoyo a las familias para que puedan cumplir el rol en la crianza de los niños en materia de educación y fortalecimiento. En estos días hemos dialogado con algunas familias y dicen que necesitan apoyo para poder cumplir su rol y en eso debería haber una política clara de formación de los padres para enfocar estos temas que son temas urticantes, delicados, donde no necesariamente todos tenemos preparación y después detección, denuncia y rápida investigación y castigo.

Por último una política integral en esta materia tiene que enfocar la reparación. Esta es sicosocial y también en términos económicos. En términos sicosociales a las víctimas en estos casos, la experiencia indica que se la deja a la buena de Dios. El daño que se hace a estos niños, a estas niñas, en materia de abuso sexual, necesita un rápido abordaje de acompañamiento interdisciplinario, sicosocial porque el impacto en su vida del daño que se le hizo ha sido terrible. Para ayudarlos a sobrellevar ese daño, es necesario un acompañamiento planificado a largo plazo. La reparación no se agota en tres o cinco sesiones.

¿Qué llama la atención de los casos de violencia sexual en el Ecuador?

Los casos han conmocionado a la sociedad ecuatoriana, pero fundamentalmente por el silencio que hubo. Y que deja en evidencia una cosa; a los niños no se les cree. Entonces empecemos a hacer creíbles los testimonios de los niños, a tener prácticas que dicen “este niño ha dicho algo, desencadenemos protocolos de actuación que den rápida respuesta a estos episodios”.

Una de las quejas de los padres de familia de los niños que han sido víctimas de abuso sexual es la revictimización. ¿Qué postura tienen ustedes sobre esto?

Condenamos la revictimización. El testimonio del niño, de acuerdo a las tecnologías y a los métodos más modernos, puede ser recabado en una sola instancia y esa instancia que valga para todo el proceso o todos los procesos que se quieran desarrollar, tanto sea en la instancia judicial como en la instancia administrativa.

¿Cómo miran el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el tema de los abusos sexuales a niños en el Ecuador? ¿Qué se puede hacer para fortalecer el rol de estas organizaciones?

Creemos que la sociedad civil debe tener una agenda de cuatro o cinco puntos centrales para dialogar con el Estado y exigirle una política. Consideramos que sin sociedad civil movilizada, no es posible avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones.

El informe establece como uno de los principales motivos de preocupación del comité “el nuevo enfoque intergeneracional aprobado por el Estado”. ¿Qué falla en este enfoque?

Los testimonios que hemos recibido, la información que hemos evaluado en el comité nos permiten albergar una sospecha de que el enfoque intergeneracional le está haciendo perder la especificidad de la mirada de la infancia.

Le pedimos, respetando la soberanía del Estado en determinar qué política pública desarrolla, que en la intergeneracionalidad no haga desaparecer la especificidad de la infancia. Los niños no son sujetos que tengan capacidad de presionar y frente a otros actores, su voz es la más débil. Por lo tanto hay que pensar específicamente en ellos.

Naciones Unidas lleva varios años pidiéndole al Estado que despenalice el aborto. ¿Qué razones hay detrás del pedido? ¿Qué respuesta han recibido?

En el Comité hemos recibido testimonios e información sumamente preocupante sobre actos de violencia sexual contra niñas, violaciones e incesto que producen embarazos que son complicados. Hoy, esos embarazos no pueden ser atendidos en el marco de un sistema de salud sexual y reproductiva porque está impedido legal y constitucionalmente.

Nosotros solicitamos la derogación de la penalización del aborto y pedimos la legalización del aborto en materia de aborto terapéutico. Nos han planteado las autoridades los obstáculos legales que tienen, pero el Estado Ecuatoriano debería remover esos obstáculos para cumplir con la recomendación.

Una de las preocupaciones del informe respecto a la salud de los adolescentes es el “acceso insuficiente a métodos anticonceptivos y de planificación familiar modernos”. ¿A qué se refieren con los métodos ‘modernos’?

Hoy existen desde parches y otros métodos que son intracutáneos de prevención de los embarazos. Desde los métodos antiguos, como el preservativo, hasta los más modernos, deberían ser una política sanitaria que el Ministerio de Salud Pública lleve adelante.
Eso lo decimos basado en la experiencia de algunos países que han promovido leyes de salud sexual y reproductiva y que se han puesto al día con los métodos más modernos, inclusive con el condón femenino.

¿Cómo implementar políticas de educación sexual en un país en el que existe resistencia por parte de grupos conservadores?

El Estado no puede renunciar a su rol de dirigir la política pública porque haya grupos religiosos o creencias que consideren que eso no es adecuado. Además, son grupos que basan sus afirmaciones en preconceptos e información equivocada. Hoy, la información científica, indica todo lo contrario a lo que esos grupos manifiestan. Hay sobrada evidencia científica de que buenas políticas de salud sexual y reproductiva son buenas para el Estado.

Un Estado no puede legislar o dirigir la política pública en base a preconceptos, tiene que hacerlo en base a certeza y a evidencia. Y hoy la evidencia indica al contrario de lo que dicen esos grupos, que lo mejor es llevar adelante una política de salud seria y responsable.

¿Recomiendan ustedes una edad determinada para que los niños empiecen a aprender de su salud sexual?

No. Debería ser algo natural, parte del proceso de crecimiento, y los adultos deberían acompañar sin tapujos, sin tabúes. Lo mejor para enfrentar episodios de abuso y de violencia es que los niños conozcan su cuerpo y conozcan cuáles son los actos que hacen daño. Muchos casos de abuso se producen por ignorancia y se producen por sectores que plantean que los Estados tienen que cerrar los ojos ante esta realidad.

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