19 de diciembre de 2017 18:06

Diferencias de criterio entre veedores y presidenta de Aampetra

Desde su creación, en julio de este año, la Comisión Ocasional Aampetra conoció 30 casos de presunto abuso sexual en el ámbito educativo.

Desde su creación, en julio de este año, la Comisión Ocasional Aampetra conoció 30 casos de presunto abuso sexual en el ámbito educativo. Foto: Diego Bravo / EL COMERCIO

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Diego Bravo
Redactor (I)

La aplicación de un Sistema de Protección Integral de Derechos fue la propuesta que se analizó hoy, martes 19 de diciembre del 2017, durante la reunión de la Comisión Ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional. Esta se creó para investigar los casos de agresiones sexuales en las escuelas y colegios del país.

La propuesta fue planteada por el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, quien compareció esta mañana ante la Legislatura. El fin es garantizar la atención a las víctimas de violación de derechos humanos y sus familiares, así como para asegurarles una reparación.

A la sesión no acudió Sybel Martínez, activista y directora del grupo Rescate Escolar, quien renunció a ser veedora de la mesa, la semana pasada. La razón: sentirse convidada de piedra y "tener de veedora solo el nombre es avalar la inacción de su comisión”.

Otro punto que influyó fue que la presidenta de Aampetra, Silvia Salgado, no les permitió participar adecuadamente a los padres de las víctimas y otros actores de la sociedad civil durante las reuniones.

En una carta dirigida a la Comisión, el pasado viernes 15 de diciembre, Martínez recuerda que le dejaron con la mano en alto, leía aleatoriamente las preguntas que le planteaban, las resumía o desechaba a voluntad.

Tras anunciar su salida, Sybel Martínez continuará en la lucha desde otros espacios menos políticos y más humanos, adelantó. Ha mantenido reuniones con el Consejo de la Judicatura para trabajar sobre la problemática de los abusos sexuales y busca hacerlo con otras entidades.

Consultada, Salgado asegura que sí se brindó facilidades de acceso a la información. El problema se produjo -contestó la legisladora- cuando hay comparecencias de autoridades y no se puede, por cuestiones de tiempo, darles la palabra a todos para que intervengan.

Ante esa situación, cuando no es posible la participación directa, las observaciones se pueden presentar por escrito. Luego, Salgado las deriva a las autoridades y estas les contestan de la misma forma. “Yo leí dos preguntas de ella, pero si presenta 13 al compareciente, no va a ser posible ni que las formule, ni que las respondan”.

En su cuenta de Twitter, la representante de los padres de las víctimas del caso Aampetra, Amparo Molina, escribió sentirse decepcionada al enterarse de la renuncia de Martínez. “Qué pena… políticos que no entienden que lo que está en juego no es la campaña política de ellos, sino el futuro de los niños, quienes requieren protección y reparación”.

Esas aseveraciones sorprendieron a Salgado, pues Molina asistió a la reunión de hoy de la Comisión Ocasional y no expresó sus críticas. “No podemos generar reconocimientos económicos como medidas de reparación. Hacemos control político. De pronto, las expectativas fueron otras de que en la comisión se les puede dar algunas cosas (…)”.

“Pero si la señora está decepcionada puede quedarse o retirarse. No podemos obligarla, esto es voluntario”.

De su parte, Molina aclaró que sí expuso la mañana de hoy su punto de vista. A su criterio, no es bueno encasillarse en temas políticos. “Pensar de forma diferente no significa que seamos oposición”.

Desde su creación, en julio de este año, la Comisión Ocasional Aampetra conoció 30 casos de presunto abuso sexual en el ámbito educativo. Estos fueron compilados por el relato directo de los familiares de las víctimas, la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y a través de información publicada en medios de comunicación. De otro lado, esta entidad logró reactivar 171 procesos administrativos que habían sido archivados y algunas causas judiciales.

La documentación ha sido complementada con las comparecencias de los ministerios de Educación, Justicia y Salud, extitulares del sector educativo, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública y Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Falta que acuda a la Asamblea la nueva ministra de Bienestar Social, Berenice Cordero.

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