6 de December de 2014 20:37

Los colegios adoptan medidas para cobrar pensiones atrasadas

Parte de los recursos que se perciben por las pensiones se emplea en el mantenimiento de la infraestructura del colegio Ecomundo, en Guayaquil. Foto: Camilo Pareja para EL COMERCIO

Parte de los recursos que se perciben por las pensiones se emplea en el mantenimiento de la infraestructura del colegio Ecomundo, en Guayaquil. Foto: Camilo Pareja para EL COMERCIO

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Andrés Jaramillo
Thalíe Ponce

Hasta antes del 2011, algunos colegios privados impedían que los alumnos entraran a clases o se matricularan cuando no pagaban la pensión. Pero desde la aprobación de la Ley de Educación Intercultural, en ese año, se prohibieron esas prácticas.

Ahora, los colegios comienzan a sentir la falta de recursos porque, según sus rectores, los padres no pagan. El exministro de Educación Roberto Passailaigue, actual rector del colegio Ecomundo de Guayaquil, asegura que el año pasado el promedio de estudiantes atrasados en sus pagos subió del 7% al 50% del alumnado del 2013, que fue de 1 400 jóvenes.

En ese establecimiento se paga al mes USD 350 (promedio). Pero se logró reducir ese porcentaje de mora al 30% luego de tomar medidas. Se implementó un departamento de cobranzas, que funciona como un ‘call center’. A los padres se les recuerda las deudas que tienen.

Entre las principales causas que aducen los padres de incumplimiento constan: calamidad doméstica (enfermedad), descuido y otras deudas.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, cada familia gasta al mes en promedio USD 99 en educación, de una media de ingresos de USD 610. La mayor parte de ese presupuesto se invierte en alimentos y licores.

Otra medida implementada en el Ecomundo fue crear un centro de mediación legal para conciliar entre la institución educativa y los padres de familia. Aunque los directivos de la institución consideran que la verdadera solución sería contar con el apoyo del Ministerio de Educación. “Mientras los padres se apoyen en la normativa y crean que no tenemos el derecho de cobrarles, el problema va a seguir existiendo”.

La Academia Naval Guayaquil, en el norte del Puerto Principal, es otro plantel en problemas. Gardenia Manyoma, rectora, asegura que 50% del alumnado está atrasado en el pago. Ahí se paga al mes USD 150, en promedio. “Algunos padres han malinterpretado la norma y creen que sus hijos pueden estudiar gratis”.

En esta institución también se implementó un sistema de mediación legal, a través del Consejo de la Judicatura. Aunque la respuesta ha sido favorable, Manyoma considera que no es una solución real.

La Rectora cree que una alternativa es crear una central de riesgos educativa, en la que cada colegio envíe al Ministerio datos de los padres que mantengan una deuda de más de dos meses, para que las demás instituciones tengan acceso y cuando se inicie un periodo lectivo, y decidan, bajo su riesgo, si aceptan o no al alumno.

Passailaigue va más allá. Cree que cuando un alumno deba más de tres meses el Ministerio debería gestionar su traslado a un establecimiento fiscal.

Las autoridades de Educación se han pronunciado públicamente sobre el tema, aunque de forma escueta. El viceministro de Educación, Freddy Peñafiel, a mediados de noviembre, recordó que no se puede suspender el servicio educativo.

La disposición, para Marco G., de 30 años y quien por temor a represalias pidió la reserva de identidad, fue un respaldo cuando cambió de trabajo. No pudo cubrir la pensión de USD 150 mensual de su hijo, en un colegio de Quito. Pero llegó a un acuerdo para pagar la pensión en partes.

El Ministerio de Educación registró, hasta el 2013, 28 506 instituciones educativas en el país, desde nivel inicial hasta bachillerato. De estos, 5 695 son particulares laicos y religiosos.

En Quito, según Jenny Vinueza, del ISM International Academy, la situación difiere de lo que ocurre en la Costa. Quienes afrontan problemas son los establecimientos pequeños. En su caso, el porcentaje de pensiones vencidas es de 1%.

Medidas como el descuento a estudiantes que tienen hermanos en el mismo plantel y a los padres que pagan de forma puntual ha influido, según Vinueza. En el International Academy hay 1 300 alumnos y el precio de la pensión llega hasta USD 331, según el caso.

No ocurre lo mismo en el Colegio Jim Irwin, también de Quito. Ahí, los retrasos son del 30%. Hay 1 000 estudiantes y se cobra, en promedio, USD 85 de pensión al mes.

“El padre de familia dice: como no pueden quitarle la educación a mi hijo, no importa si pago o no pago”, comenta el director Rubén Torres . “Se habla con los padres para llegar a acuerdos. No todos cumplen”.

La Federación de Establecimientos Particulares Laicos señaló que los problemas económicos también responden a los criterios que el Gobierno ha establecido para el costo de pensiones y matrículas. “No han sido calculados con relación al porcentaje de inflación”.

En el periodo 2014-2015, los costos de pensiones en bachillerato varían entre USD 13 y USD 478, en el país.

Según la Federación, algunos padres van “de colegio en colegio sin pagar deudas”, porque no se puede retener libretas.

Los artículos claves

Artículo 140 
La Ley de Educación Intercultural prohíbe a los planteles particulares conculcar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso o falta de pago de pensiones por parte de sus representantes. No se les puede impedir entrar a clases.

Artículo 56 
Todo cobro de rubros no autorizados por el Ministerio de Educación deberá ser reembolsado a quien lo hubiere efectuado. Quienes incurran en este artículo de la Ley de Educación enfrentarán sanciones que serán establecidas por el mismo Ministerio.

Artículo 56 
“Las instituciones educativas privadas no tendrán como finalidad principal el lucro”. Según el Ministerio de Educación, la educación es un servicio público y por tanto se debe promover su universalización. Todos los planteles podrán funcionar previa validación de esta Cartera.

Artículo 57 
En los incisos a y c de este artículo se establece el derecho que tienen las instituciones educativas privadas de cobrar una pensión y matrícula de acuerdo con un reglamento. También el derecho a ser atendidos y escuchados en sus
requerimientos.

En contexto

El Ministerio de Educación impulsa un proceso de mejoramiento de la calidad del sistema educativo. Incluye la ampliación de infraestructura, creación de colegios réplicas, capacitación a docentes de planteles fiscales y mayor control en los servicios que prestan.

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