30 de April de 2010 00:00

Los centros actuales seguirán intactos

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De acuerdo con el proyecto original, los 188 centros turísticos del país cuya base son las aguas termales deberán convertirse en empresas mixtas. Sin embargo, este sector empresarial logró que se incluyeran modificaciones a su favor en el inicial artículo 114 (hoy 117) del proyecto de ley del Agua, que entrará a debate en la Asamblea a partir del martes.Los expertos coinciden que el país, al estar sobre el cordón volcánico de los Andes, dispone de un gran potencial termal. La Secretaría Nacional del Agua (Senagua) tiene identificadas cerca de 1 500 fuentes, de las cuales el 85% aún no está explotado. De allí que, según el asambleísta Pedro de la Cruz, miembro de la Mesa de Soberanía Alimentaria, la propuesta es regular el aprovechamiento turístico de este recurso. Para eso en una de las transitorias del proyecto original se proponía que en el lapso de dos años las empresas ya establecidas se conviertan en economía mixta, asociadas con el sector público o comunitario. Freddy Éguez, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha, anota que ese planteamiento pone en riesgo la seguridad jurídica e inversiones. Además, que este aprovechamiento es el único que se puede dar a las aguas termales.No obstante, tras las modificaciones al proyecto, se estableció que los centros en funcionamiento deben seguir como propiedad privada. Pero la transitoria 16 establece que en 180 días plazo deberán presentar el título de las tierras donde está la fuente. En caso contrario, se retirará la concesión dada por Senagua. De la Cruz cuestiona también el usufructo que se obtiene por el uso de este recurso y argumenta que no hay retribución equitativa con la comunidad donde está asentado el centro. Pero Jaime Pallares, director comercial de Termas Papallacta, dice que sí contribuyen al desarrollo del entorno. Primero al convertirse en una fuente de empleo: de los 2 496 puestos que generan las termales, el 48% es para gente local. Luego, a través del pago del derecho de uso: entre USD 8 000 y 12 000 cada año por establecimiento. Pero el sector indígena insiste que se deben establecer costos reales por el uso del agua.Entre tanto, a partir de la nueva ley del Agua tendrán preferencia los proyectos comunitarios locales y solidarios para la autorización para el aprovechamiento productivo. En el siguiente orden estarán los gobiernos autónomos y los usuarios particulares. Estos últimos pagará, una tarifa diferenciada, aunque los montos serán establecidos al elaborar el reglamento de la ley.

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