23 de October de 2014 20:58

Dudas en las facultades de Derecho por la acreditación

La decana de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador, María Paula Romo, da clases a sus estudiantes. Foto: María Isabel Valarezo/ EL COMERCIO

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Redacción Sociedad. (I)
sociedad@elcomercio.com

Después de que el pasado 3 de septiembre se aprobara el modelo preliminar para la evaluación de la carrera de Derecho, las autoridades del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) y los representantes de las universidades del país ya trabajan en la elaboración del modelo definitivo.

En este sentido, cada uno de los actores involucrados en el proceso ha planteado sus observaciones alrededor de los cinco aspectos que se van a evaluar: pertinencia, plan curricular, academia, ambiente institucional y estudiantes.

A diferencia del modelo de Medicina, en Derecho no consta por el momento el factor de la investigación. Según el presidente del Ceaaces, Francisco Cadena, esto se debe a que en el país todavía falta que se desarrolle aún más el aspecto investigativo para considerarlo como un macrocriterio.

Para Cadena es muy importante tomar en cuenta las particularidades de cada carrera. Por ejemplo, en Derecho la existencia de laboratorios no es considerado como algo indispensable para el aprendizaje y práctica, como sí lo es en las carreras de Odontología o Medicina. Sin embargo, sí se considerará que la infraestructura y las aulas viabilicen el aprendizaje del estudiante.

También se analizarán las bibliotecas y los libros con los que cuentan las facultades, su pertinencia, cuidado, variedad, entre otras variables.

Desde las universidades, la iniciativa del Ceaaces se mira con mucha expectativa, especialmente en los puntos de divergencia. Uno de ellos es justamente sobre el indicador que habla acerca de la pertinencia de la bibliografía.

Según la decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), María Paula Romo, el problema es que ningún abogado tiene los conocimientos suficientes como para dominar todas las áreas del Derecho y determinar qué libro es conveniente y cuál no, por lo que se da margen a la subjetividad y a la discrecionalidad de los evaluadores.

Otro aspecto que ha causado inquietud en la academia es un articulado del ambiente institucional, el cual señala que la universidad deberá tener “la lista de graduados que han conseguido empleo por gestiones realizadas por la carrera en actividades afines a su carrera (…)”.

Para Romo, este punto distorsiona la función de una universidad y recomienda ser prudentes, ya que las autoridades pueden excederse en aspectos que no les corresponde.

Asimismo, la catedrática considera que este proceso debería ser un acompañamiento para la búsqueda de la calidad y no un instrumento de sanción o intromisión.

Este es un aspecto que se evalúa en otros países, como en Cuba, por ejemplo. Allí, el órgano calificador otorga un puntaje importante por el seguimiento que se realiza a los profesionales que se gradúan de sus aulas. Además, evalúan la calidad del servicio que los graduados ofrecen a los usuarios. Esto se aplica, por ejemplo, en las carreras ligadas al campo de la salud.

Por ello, en otras universidades del país se pide que cuando se evalúe se tome en cuenta el contexto nacional. La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, Alexandra Vela, explica que para evaluar se puede tener como referencia a los estándares internacionales, pero también hay que tomar en cuenta las condiciones reales de la educación en Ecuador para que la evaluación sea apropiada.

En este establecimiento, una de las sugerencias que han planteado es que se reconsideren los plazos para la titulación de los catedráticos, ya que el artículo 150 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece que uno de los requisitos para ser un docente titular principal es tener el título de postgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente). Para esto se otorgó un tiempo de tres años.

Para Vela, estos requerimientos demandan un gran esfuerzo; sin embargo, la universidad ya trabaja en este aspecto, al punto de que el 99,9% de los profesores ya cuenta con una maestría y cinco tienen PhD.

En este mismo sentido, el tiempo que le dedican los profesores a la academia sigue siendo una preocupación en las instituciones de educación superior, ya que la Ley establece también que en las universidades, el 60% de los docentes debe serlo a tiempo completo.

Frente a esto, el Ceaaces ha indicado que para Derecho ese porcentaje aún no está definido y que se tomará en cuenta que dadas las características de la carrera muchos de los catedráticos también ejercen su profesión de forma particular.

Algunos de los parámetros a evaluar

Como parte de la pertinencia de la carrera se evaluará el seguimiento a graduados, la vinculación con la sociedad y el estado actual y prospectiva.

Sobre el plan ­curricular. Se tomará en cuenta el perfil del egresado, la malla curricular y las prácticas preprofesionales.

En la academia. Se valorará la calidad de los profesores, la actualización científica que tengan, la afinidad con la docencia y sus títulos de posgrado.

Ambiente institu­cional. La admi­nis­­tración, la infraestructura, encuentros y seminarios, apoyo a la inserción profesional.

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