Carlos Larreátegui , rector de la Universidad de las Américas. Foto: El Comercio
Entrevista Carlos Larreátegui, rector de la Universidad de las Américas.
¿Cómo ven las universidades privadas los cambios en las políticas de educación superior promovidas por el Gobierno?
Las reformas se han hecho desde la perspectiva de la universidad pública. Jamás se pensó en la naturaleza de la universidad privada. Bajo las reglas actuales, la universidad privada está destinada a desaparecer.
¿No es demasiado apocalíptico hablar de una desaparición?
No hablo en el sentido físico. Las universidades pueden seguir funcionando, pero si están sometidas a intereses políticos se acabarán como institución.
¿A qué se refiere?
Hay una hiperregulación y control de lo que se debe o no hacer en una universidad. Esto le ha restado capacidad y libertad en el orden académico. Por ejemplo, para emprender nuevas carreras. Todo tiene que estar sujeto a la aprobación del Consejo de Educación Superior (CES), donde no hay ningún representante de las universidades privadas. Es necesario impulsar una reforma.
¿Qué cambios debe contemplar esa reforma?
No debería haber jamás elecciones para la designación de autoridades, porque eso politiza a las universidades. La categorización no debería existir. Ninguna agencia de acreditación del mundo lo hace. Además, las fórmulas que aplicaron dejaron de lado aspectos importantes para medir la calidad de una universidad.
El Estado tiene todo el derecho a exigir y evaluar a las universidades, pero garantizando la libertad y autonomía universitaria.
¿Qué tan acertado ha sido encaminar la educación superior en función de un cambio de matriz productiva?
No estoy de acuerdo con que se imponga a las universidades una matriz y que se obligue a que dicten clases en función de esa matriz. Responde a una visión política que no va a ser permanente. Un siguiente Gobierno tendrá otro plan de desarrollo y otras prioridades. La universidad no puede estar sujeta a estos cambios permanentes de visión.
¿Por qué se hacen estas críticas ahora, luego de que el CES determinó que UDLA hizo cobros fuera de la Ley en sus últimas matrículas, y no antes?
Le invito a seguir mis declaraciones desde el 2009. He sido consistente. Cuando se discutió la Ley de Educación Superior esgrimí estos mismos argumentos y salí a las calles porque se cometieron muchos atropellos.
¿Esta vez también participará en las protestas convocadas para el 16 de septiembre en contra del Gobierno?
Los miembros de la comunidad tienen toda la independencia para participar en esa u otra marcha. La universidad, como institución, laborará normalmente. Esperamos agotar las vías del diálogo. Deben entender que no somos enemigos. Las autoridades de control y las universidades perseguimos el mismo fin. Hay que dejar de lado esa política de sanciones. Acaba de salir un reglamento que sanciona casi el menor suspiro. No es la forma de construir una educación de calidad.
¿Por qué plantean que las políticas actuales atentan contra la autonomía financiera universitaria?
Por cómo se pretende regular la forma de administrar la universidad. Una privada no tiene el soporte (financiero) del Estado y por tanto no se puede llevar igual. Lo que haga o deje de hacer es vital para su sostenimiento.
Según la Senescyt, lo que se busca es combatir la educación elitista y mejorar el acceso…
Es verdad que la educación no puede ser elitista y la UDLA lo ha demostrado. Es la más barata del segmento que atendemos. Tenemos un espectro bastante amplio en cuanto al tema socioeconómico de los alumnos. No debe ser elitista, pero hay que asegurar la estabilidad de una universidad. Eso no puede estar controlado por el Estado, sino por cada universidad, según su realidad.
Su trayectoria.
Es máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Madrid.
Reconocimiento.
Recibió el Extraordinary Achievement Award, al mejor promedio de calificaciones del Programa Mason de Harvard.