Carina Vance / Ministra de Salud Pública de Ecuador
hoja de vida
Nació en EE.UU., en Oakland (California), en el año de 1977. Fue nombrada como parte del Gabinete de Rafael Correa en enero del 2012, después de que su predecesor, David Chiriboga, dimitiese.
El Gobierno de Ecuador está decidido a frenar el creciente número de embarazos entre las adolescentes. La anticoncepción de emergencia forma parte de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enipla), para cuya implementación se destinaron casi USD 4,4 millones.
La ministra de Salud Pública, Carina Vance, conversó con la agencia IPS sobre este tema: ¿La polémica sobre la píldora se fundamenta más en valores morales que en el conocimiento de derechos?
Consideramos que no hay polémica, porque más bien hay una aceptación muy amplia, tanto de la Enipla como del componente del acceso gratuito. Hemos tenido una respuesta favorable de parte de organizaciones sociales y de entidades nacionales e internacionales relacionadas a la salud y a los derechos de las mujeres. La gran mayoría de opiniones en contra no se basa en conocimientos de sustento científico, sino más bien en un entendimiento equivocado.
En algunos casos dicen que la píldora anticonceptiva de emergencia es abortiva, cuando tenemos un sustento científico de que no lo es, y también se enfocan en el consentimiento de los padres para que pueda acceder un adolescente a un método anticonceptivo.
¿La juventud ecuatoriana tiene madurez para decidir?
Si la juventud tiene la madurez para tener una relación sexual, tenemos la obligación de dar cumplimiento a sus derechos de acceder a la píldora sin limitaciones, barreras o aprobaciones de terceros. Creemos en el trabajo con los padres de familia para fortalecer la comunicación familiar sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. De la misma forma, hay personas que por principios y creencias religiosas no consideran apropiado acceder a este tipo de método anticonceptivo, y frente a eso hay un absoluto respeto; pero tenemos que integrar políticas públicas en el marco de los derechos.
¿Cuántos centros distribuyen la píldora de anticoncepción oral de emergencia?
Tenemos 1 900 unidades en el ámbito nacional.
En cuanto a la promoción de una vida reproductiva y sexual responsable, ¿en qué se debe trabajar?
El Ministerio de Salud tiene la obligación de brindar información objetiva con base en evidencia científica y brindar medicamentos de forma absolutamente gratuita. Por ejemplo, tenemos dispensadores de preservativos en nuestras unidades de salud, pero eso no es suficiente. Se requiere un trabajo intersectorial, y de ahí la importancia de trabajar con el Ministerio de Educación.
Además, está la corresponsabilidad de la sociedad, de tal forma que las conversaciones sobre sexualidad y derechos no se limiten a una consulta en el centro de salud. También se trabaja con los padres y madres de los jóvenes.
Trabajamos permanentemente en prevención, atención y estudios sobre enfermedades sexualmente transmisibles, y las problemáticas que inciden en ese particular.
Sin duda tenemos retos que afrontar: altas cifras de embarazos en adolescentes, 13% de las muertes maternas se dan en jóvenes entre 15 y 19 años, y seis de cada 10 mujeres en general sufren de algún tipo de violencia.
¿Se ha marcado un hito en los derechos sexuales?
El uso de la píldora anticonceptiva de emergencia está en vigencia desde marzo de 1998. Con este último reglamento ahora garantizamos su acceso sin receta médica, con una oferta adecuada en todos los centros de salud y hospitales, y el ejercicio del derecho a un método anticonceptivo sin el consentimiento de la familia o de la pareja, que antes era una barrera para las mujeres. Nuestra Constitución garantiza el acceso gratuito a servicios, métodos anticonceptivos, consultas de planificación familiar y la posibilidad de tener una vida sana y accesible de forma universal y a base de atención primaria.
¿Cómo se propone consolidar los derechos sexuales y reproductivos?
Una encuesta del 2011 indica que 84% de los consultados está de acuerdo con la entrega de anticonceptivos gratuitos; es decir, que tenemos un alto grado de aceptación y un gobierno absolutamente comprometido con aquello.