23 de octubre de 2014 09:21

Documental de padres separados de hijos causa polémica en Argentina

El documental tiene más de 30 000 visitas en Youtube y fue subsididado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisual de Argentina. Foto: captura.

El documental tiene más de 30 000 visitas en Youtube y fue subsididado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisual de Argentina. Foto: captura.

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DPA
Argentina

 El documental 'Borrando a papá' sigue generando polémica en Argentina, donde la Justicia dispuso que no se siga exhibiendo hasta que no sean eliminados algunos testimonios, informa hoy (23 de octubre) el diario 'Clarín'.

Los tribunales prohibieron la exhibición del documental "por pedido de tres profesionales que se especializan en violencia de género y familiar y que argumentan haber sido engañadas en su buena fe".

Varias asociaciones habían intentado evitar que se estrenara, aunque finalmente se exhibió en dos salas y se puede ver en Internet.

En tanto, los productores del documental dicen que son víctimas de un caso de censura. 'Borrando a papá' trata cinco historias de padres separados de sus hijos por causas judiciales en las que se investigan presuntos abusos hacia los niños.

'Clarín' señala: "Los hombres dicen que es un gran negocio y un 'lavado de cerebro' por parte de las madres. Todo en el marco de divorcios conflictivos, que a veces vienen acompañados por denuncias previas de violencia".

El juez civil Guillermo Blanch determinó días atrás que no se exhiba 'Borrando a Papá' y ordenó que se eliminen de la película una serie de testimonios ofrecidos por profesionales entrevistados, afirmaron los productores del documental en un comunicado.

Gabriel Balanvosky, uno de los productores, consideró que es "inadmisible" que un magistrado "convalide un hecho de censura".

El documental tiene más de 30 000 visitas en la red social Youtube y fue subsididado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisual (INCAA), que demoró su estreno.

También fue muy criticado por diversas organizaciones. Los productores dijeron que el film se está traduciendo a "decenas de idiomas" y "se están organizando proyecciones y debates en los Estados Unidos, España, Chile, México, Finlandia, Perú, Francia y en decenas de salas en universidades, escuelas, sindicatos, bibliotecas, y cines de todo el país".

La medida cautelar fue presentada por la médica María Cristina Ravazzola, la abogada Hilda María Radrizzani y la psicóloga Susana Tesone, quienes en el documental aparecen "defendiendo posiciones polémicas sobre el abordaje o que desde algunos sectores de la salud mental y el derecho de familia se realiza en casos de padres alejados de sus hijos", dijeron los productores.

El juez ordenó recortar las escenas de los testimonios de los demandantes y advirtió que se "abstengan de cualquier transmisión y/o retransmisión de imágenes y/o videos referidos a las peticionarias sin su consentimiento".

Balanvosky dijo que "todos los entrevistados brindaron sus testimonios frente a cámara y en presencia de testigos, pero después de haber visto el documental y de que quedara en evidencia la forma en que piensan y sus propios dichos defendiendo prácticas antijurídicas y antiéticas se arrepienten y piden que sus testimonios sean eliminados".

El productor argumentó que "es imposible borrar sus testimonios sin desvirtuar el documental, por lo que la reedición que propone el juez representa lisa y llanamente un acto de censura".

A su vez, dijo que acatará la resolución judicial pero que "en forma inmediata" apelará la orden, que consideró "violatoria de la libertad de expresión y de otros derechos y garantías".

Una de las directoras del documental, Ginger Gentile, dijo que los entrevistados "se rasgan ahora las vestiduras porque han reconocido, por primera vez en un registro audiovisual, que cometen y promueven aberraciones jurídicas y morales como estrategias cotidianas y recurrentes en sus roles de asesores y patrocinantes de casos de violencia doméstica y conflictos de familias".

Consultado por 'Clarín', el abogado Andrés Gil Domínguez opinó que se trata de un caso de censura: "Está prohibido prohibir. Lo dice la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica y tratados internacionales de Derechos Humanos. Estas profesionales deberían presentar pruebas de que fueron engañadas en su buena fe".

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