13 de marzo de 2017 00:00

Bonos y ampliar la atención son las ofertas para los grupos vulnerables

La Misión Manuela Espejo visitó las casas de personas con discapacidad, en el país.

La Misión Manuela Espejo visitó las casas de personas con discapacidad, en el país. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Elena Paucar

Con la Misión Manuela Espejo se emprendió una cruzada para tener un diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad. El estudio comenzó en el 2010, pero dos años antes la Constitución ya incluyó a este grupo de atención prioritaria.

La Misión identificó a 293 743 personas con una o multi discapacidades, una cifra que subió a 415 500 en el 2016, como indica el Registro Nacional.

Con esa base, el Gobierno se concentró en la entrega de ayudas técnicas, viviendas, bonos y créditos productivos. En total la inversión en esta población llegó a USD 184 millones en el 2015 (212 veces más que en el 2008).

Actualmente, el Bono de Desarrollo Humano registra a un total de 126 044 beneficiarios. De esa cantidad, 20 988 usuarios son personas con discapacidad o familiares, a cargo de cuidarlos. A ellos, el Estado les brinda ese subsidio, denominado Joaquín Gallegos Lara. Al mes reciben USD 240, enfocado para casos de discapacidad severa.

En el 2012, con la Ley Orgánica de Discapacidades, se impulsó la contratación obligatoria de personal con algún tipo de discapacidad. Y en el ámbito educativo, el debate estuvo marcado por la inclusión.

En el país se cuentan cerca de 19 000 alumnos en la básica, en sistemas de educación especial y regular.

Marcia Gilbert, directora de Fasinarm, reconoce que hay leyes a favor de la educación inclusiva. Pero cree que falta aterrizarlas, con capacitación a más docentes y con tecnologías de educación especial.

Otra población considerada vulnerable son los adultos mayores. En Ecuador viven 1 229 089 mayores de 60 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Y la expectativa de vida está en 75,9 años, como explica María del Carmen Lapo.

La docente investigadora de la Universidad Católica de Guayaquil destaca entre los logros del Gobierno las tarifas reducidas, el acceso preferencial a servicios de salud y el funcionamiento de 14 centros gerontológicos públicos.

Pero cree que falta fomentar la inclusión, la participación activa y fijar políticas públicas sobre nutrición, familia y recursos. “Alrededor del 45% de los adultos mayores vive en extrema pobreza y pobreza. Eso es alarmante”.

Las propuestas de los candidatos

La prioridad de Lenín Moreno, de Alianza País, serán las personas con discapacidad y sus familias, un tema que promovió cuando fue Vicepresidente. Afianzará -anota- la campaña Manuela Espejo, para continuar con la entrega de ayudas técnicas. Y mantendrá el bono Joaquín Gallegos Lara, que pasaría a USD 375 mensuales.

En lo laboral ofrece incrementar los créditos para emprendimientos. E incentivar, desde la academia y el sector productivo, el desarrollo de aplicaciones a través de una fábrica de ayudas técnicas.

En el plan de Creo no se descartan los proyectos ejecutados hasta ahora. Para el equipo de Guillermo Lasso es indispensable dar continuidad a los programas que proveen la manutención de estas personas.

Pero para mantenerlo, plantea contar con una estructura de financiamiento, vía cooperación internacional y con la participación de la empresa privada. La propuesta también incluye la generación de oportunidades de desarrollo en lo educativo y económico.

Para los adultos mayores, Moreno presenta ‘Mis mejores años’. Esta oferta la hizo en enero, cuando arrancó la campaña en un albergue de Quito.

Ahí firmó un acta de compromiso para este plan, que tendrá una inversión de USD 300 millones anuales. El objetivo es ampliar la cobertura a 560 000 adultos mayores, en condición de pobreza y vulnerabilidad, para quienes se aumentará la pensión que reciben del MIES de USD 50 a 100 (actualmente, 475 340 adultos mayores reciben esa pensión).

También incluye atención médica, servicios gerontológicos y actividades educativas y recreativas.

El plan de Lasso no nombra directamente a los adultos mayores, pero menciona una “jubilación digna”. Esta abarca ampliar el número de afiliados, pues según su propuesta hay 4,6 millones de personas que no están cubiertas por el sistema de seguridad social.

La extensión de la cobertura, según la propuesta de Creo, se sincronizará con incentivos a empresas y trabajadores. También propone reformar la Ley de Seguridad Social “para que permita la coexistencia del sistema de capitalización individual y el de reparto”.

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