Las poblaciones indígenas y afroamericanas de América Latina han logrado tener una mayor representación institucional en los últimos 25 años, aunque su presencia en los parlamentos no se traduce aún en la impulsión y aprobación de leyes que corrijan sus problemas de exclusión.
Así se desprende de un informe del Consejo de las Américas, con sede en Nueva York, presentado esta semana y titulado “Representación Política e Inclusión Social: un estudio comparativo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela”.
El trabajo analiza el impacto de la representación institucional de las poblaciones indígenas y afroamericanas en esos cuatro países latinoamericanos desde 1986 hasta 2012.
En particular, se centra en el incremento de esa representación en los parlamentos en el periodo indicado y en la cuestión de si esa presencia ha servido para aprobar reformas y políticas útiles para esos grupos históricamente marginados.
“Los pueblos indígenas y afroamericanos han comenzado a ganar representación formal en la política local y nacional”, señala el documento, destacando por supuesto su llegada a la máxima instancia institucional, la presidencia de a república, por ejemplo en Bolivia a través de Evo Morales.
Sin embargo, a nivel legislativo esas comunidades siguen luchando para tener una representación significativa, con Bolivia y Guatemala situándose en 25 y 14% de sus legisladores, respectivamente, y Ecuador y Colombia con cifras de un solo dígito.
En ese sentido, el estudio recuerda que los indígenas abarcan un alto porcentaje del total de la población en Bolivia (62%) y Guatemala (41%) , mientras que en Colombia y Ecuador la combinación de comunidades indígenas y de origen afroamericano se sitúa en alrededor del 15%.
Al aún escaso número de congresistas se añade la “baja iniciativa legislativa” de parte de los legisladores de origen indígena y el “bajo nivel de éxito de los proyectos de ley que promueven”.
El estudio explica que los representantes de esas comunidades “han sido más exitosos incorporando sus demandas en artículos de nuevas constituciones que en leyes durante las sesiones legislativas ordinarias”.
“Proyectos de ley que hubiesen corregido algunas de las razones de base de la exclusión económica y social de sus comunidades -como la falta de acceso a la vivienda, educación, salud y empleo- han sido raramente presentados por legisladores indígenas y afroamericanos y aún más raramente aprobados”, según el trabajo.
Las cifras son elocuentes: en 12 periodos legislativos y dos asambleas constituyentes en los cuatro países estudiados, solo se aprobaron 22 proyectos de ley o artículos constitucionales impulsados por legisladores indígenas o afroamericanos vinculados con cuestiones referentes a sus comunidades.
El porcentaje de fracaso de las pocas iniciativas presentadas por congresistas de esas comunidades varía bastante de un país a otro, y va del 22% en Bolivia (9 proyectos, de los cuales 7 aprobados) a más del 90% en Colombia, pasando por el 53% en Ecuador (9 de 17 aprobados) y el 81% en Guatemala (2 de 11 adoptados).
“El bajo nivel de iniciativa legislativa puede ser el resultado de presiones políticas sutiles en el congreso, o puden reflejar autocensura en el impulso de proyectos que no serán aprobados”, intenta explicar el informe, al referirse a las cifras observadas.
El estudio fue efectuado por cuatro expertos y editado por Christopher Sabatini, director de política del Consejo de las Américas, organización cuyos objetivos son promover la democracia, el libre comercio y los mercados abiertos.