11 de julio de 2018 00:00

Los afros apoyan una ley que protege todos sus derechos

El pueblo afrodescendiente se reunió en la Casa Legislativa de Santo Domingo para conocer el proyecto de ley

El pueblo afrodescendiente se reunió en la Casa Legislativa de Santo Domingo para conocer el proyecto de ley. Foto: Cortesía Federación Afro

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Redacción Santo Domingo
(F-Contenido Intercultural)

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El pueblo afrodescendiente empezó a conocer una normativa legal que apunta a erradicar la discriminación racial. Se trata de un proyecto que nace del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial, aprobado en el 2009, mediante el Decreto Ejecutivo No. 60. Pero en la práctica este instrumento ha sido poco aplicado debido a la escasa inclusión laboral en las instituciones y la falta de políticas educativas para reconocer a los afrodescendientes.

Esto lo dice el presidente de la Asociación Mayoritaria de Afrodescendientes en Santo Domingo de los Tsáchilas, Calletano Tenorio. En esta provincia, precisamente, se inició la difusión de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural.

La asambleísta Johanna Cedeño y la Federación Provincial de Afrodescendientes comparten el contenido de la normativa antes de que sea discutida en la Asamblea. En la exposición se revisa la encuesta sobre Discriminación Racial que el Instituto de Estadística y Censos desarrolló en el 2004 ejecutó a escala nacional. Ahí se determinó que el 65% de los encuestados admite la existencia del racismo y la discriminación. También señala que las principales víctimas del racismo y la discriminación racial en el país son los afroecuatorianos.

Para la legisladora Cedeño esta es una deuda social e histórica con uno de los sectores tradicionalmente excluidos. Ella presentó el pasado 6 de junio, en la Asamblea Nacional, el borrador del proyecto con el respaldo de 22 asambleístas. La norma consta de 49 artículos, 6 disposiciones generales y 10 disposiciones transitorias. En este proyecto se establece la creación de un sistema nacional para prevenir y erradicar la discriminación.

El artículo 11 puntualiza que los principios de esta instancia serán prevenir y erradicar las formas sistemáticas de discriminación basado en la no criminalización, revictimización, confidencialidad, entre otros.

Plantea además, que 16 entidades del Estado integren el sistema nacional para la aplicación de la ley, entre ellas el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Planificación y Desarrollo.

Noralina Mina, quien asistió a la difusión del proyecto, cree que la ley no solo ampara al pueblo afro, sino a los indígenas, montuvios, cholos y a todas las derivaciones de los grupos étnicos del país.

Ella pidió información sobre las atribuciones que tendrán los organismos que integran el sistema nacional, sobre todo en el aspecto laboral, a cargo del Ministerio del Trabajo.

La asambleísta Cedeño explicó que en todas las instancias del Estado se deberá permitir el acceso laboral a los afroecuatorianos, indígenas y montuvios.

Según el artículo 25, del proyecto, la autoridad nacional de trabajo “diseñará una política de cuotas para que las instituciones públicas y empresas privadas contraten un porcentaje no menor al 10% para la población económicamente activa de los pueblos y nacionalidades.

En la provincia Tsáchila, un sondeo realizado en el 2016 por los afros, determinó que en cinco de 60 instituciones públicas hay entre dos y tres afrodescendientes trabajando.

También se reveló que los puestos que ocupan van desde los servicios de guardianía, cuidados de parques y secretarías administrativas. El presidente de los afros, Calletano Tenorio, dice que en estos dos últimos años la realidad es distinta, pues ahora se observa a más chachis, tsáchilas y afros en las entidades.

En el Consejo de Protección de Derechos del Municipio, por ejemplo, ahora laboran tres jóvenes chachis que brindan apoyo a personas que acuden a denunciar la vulneración de sus derechos.

Los miembros de la nacionalidad Tsáchila serán parte de la promoción del proyecto de ley en una segunda fase. Javier Aguavil, el gobernador, cuenta que conoció una parte de la normativa en lo referente a las atribuciones del Consejo de la Judicatura.

El numeral 2 del artículo 28 habla del acceso a la justicia en la lengua propia de cada etnia, la reparación y restitución de los derechos vulnerados de las víctimas.

Para Aguavil esto supone que el sistema les deberá dotar de traductores en todas las etapas del proceso judicial. En la actualidad, los casos se manejan en la lengua castellana y no en tsáfiqui, el idioma de los nativos, agrega Aguavil.

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