30 de diciembre de 2017 10:38

Una afiliada reclama indemnización al IESS por supuesto diagnóstico tardío

Ligia Caicedo reclama indemnización al IESS por supuesto diagnóstico tardío. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Ligia Caicedo reclama indemnización al IESS por supuesto diagnóstico tardío. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Elena Paucar
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Insistió por un chequeo médico para descartar un cáncer de mama. En marzo del 2009, Ligia Caicedo recuerda que le suplicó a la ginecóloga que anualmente la atendía en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil, para que le ordenara exámenes más específicos. En ese año se percató de un bulto extraño en su seno izquierdo.

“Me envió los exámenes y eran para después de tres o seis meses”, asegura. Las pruebas no detectaron nada; esa habría sido la explicación de la especialista en una consulta. “Me dijo que todo estaba bien, que solo era el cambio hormonal”.

Pero la molestia continuó. La tumoración aumentó de tamaño y Caicedo pidió nuevos análisis. “Cuatro meses pasé rogando por un chequeo, porque la doctora ni siquiera palpó el área afectada. Siempre había pretextos y por último me mandó a un psiquiatra; dijo que todo era solo una idea mía”.

La afiliada decidió no esperar más y acudió a un hospital oncológico, donde le hicieron una biopsia de inmediato. El resultado fue positivo a cáncer.

Con esos exámenes, Caicedo recuerda que volvió al IESS en busca de un cupo para la cirugía. “Perdí casi un año. Decidí con mi familia que tenía que acudir a un centro particular porque mi vida estaba en riesgo”.

El 15 de marzo del 2010 pasó por una cirugía radical: perdió el seno izquierdo y le extirparon siete ganglios linfáticos. Por el procedimiento aún se le dificulta mover el brazo.

La familia gastó casi USD 17 000. Ella, odontóloga de profesión, perdió su empleo y con poco más de 55 años tuvo que jubilarse porque además padece de aneurismas cerebrales que le han causado un 53% de discapacidad. Su esposo también perdió el trabajo por dedicarse a su cuidado.

En medio de quimioterapias y radioterapias, Caicedo planteó una demanda contra el IESS por USD 500 000. Su abogado, Omar Dager, explica que piden hacer efectiva la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar derechos, como lo establece el artículo 11 de la Constitución.

“Las actuaciones negligentes por parte de funcionarios del IESS y del hospital Teodoro Maldonado Carbo causaron perjuicios económicos y morales a la señora Caicedo”, indicó el defensor.

La primera demanda fue archivada. Ahora está en marcha otra en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Guayas. Para el 17 de enero está programada una audiencia.

En un comunicado, el hospital Teodoro Maldonado -del IESS en Guayaquil- explica que el 31 de octubre pasado fueron notificados del caso. Aclaran que aún no existe una sentencia y que ejercerán su derecho a la defensa para transparentar su “legítimo accionar”.

Según sus registros, el hospital informó que la afiliada fue atendida en septiembre del 2009 en la especialidad de Oncología; y que existe un informe de diagnóstico oncológico. “Esto evidencia que nuestra institución atendió oportuna y diligentemente a la demandante”, afirman.

Caicedo dice que obtuvo la cita después de tanto insistir, pero para la operación le dijeron que debía separar cita a través del call center. “El daño que me causaron no tiene precio. Con dinero yo no puedo volver a ser lo que era, pero queremos dejar un precedente para que traten al afiliado con dignidad”.

En cuanto a las citas médicas, el IESS precisa que son habilitadas “de acuerdo al nivel de complejidad y urgencia”, considerando el criterio médico y la evolución del paciente.

Sobre los médicos que constan en la demanda, el Instituto especificó que, de acuerdo a certificado del Talento Humano, “no prestan su servicio en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo”.

El IESS no informó cuántos procesos afronta por denuncias de mala práctica profesional. La Fiscalía registra 435 casos por denuncias de este tipo, entre 2015 y octubre de 2017; pero no especifica datos de la institución demandada, pública o privada.

La afiliada que demandó al Seguro siguió su tratamiento contra el cáncer en el Teodoro Maldonado. Allí la recetaron unas pastillas que, según le indicó un médico, habrían agravado su problema de aneurisma, al punto de requerir una neurocirugía.

“No digo que la doctora me ocasionó el cáncer, fue la tardanza -comenta la jubilada-. Si me atendían a tiempo solo me extraían el tumor y se acababa todo. Yo tuve que pasar por 10 quimioterapias y 52 radioterapias; lo mío estuvo a punto de ser mortal”.

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