7 de junio de 2017 16:25

Acusados de crimen de ambientalista hondureña Berta Cáceres ante la justicia

Familiares y amigos de la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo del 2016, realizaron una concentración en las afueras de la corte donde los acusados rindieron sus versiones de lo sucedido. Foto: AFP.

Familiares y amigos de la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo del 2016, realizaron una concentración en las afueras de la corte donde los acusados rindieron sus versiones de lo sucedido. Foto: AFP.

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Agencia AFP

Cuatro de los ocho acusados del asesinato de la reconocida ambientalista hondureña Berta Cáceres comparecieron este miércoles 7 de junio de 2017 ante la justicia, en medio de una movilización de indígenas exigiendo castigo.

Se presentaron al tribunal de Tegucigalpa el biólogo Sergio Rodríguez, exgerente Ambiental de Desarrollos Energéticos S.S. (DESA), el exjefe de seguridad de esa empresa Douglas Bustillo, el mayor del ejército Mariano Díaz, y el supuesto sicario Elvin Rápalo.

Los cuatro llegaron a responder a las acusaciones del Ministerio Público sobre su participación en el asesinato de la ambientalista.

Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste) .

Unos 200 miembros de Copinh se concentraron este miércoles frente al edificio del juzgado para exigir justicia y denunciar que la audiencia se celebró en medio de las “irregularidades que ha experimentado la investigación”, según indicaron en un comunicado.

La dirigencia del Copinh y la familia de la ambientalista fueron excluidas de las investigaciones, a pesar de que exigieron participar.

Copinh y la familia de Cáceres demandan “una mirada más abarcadora” para demostrar que el asesinato “no fue un hecho aislado” sino que forma parte de “un ataque sistemático” contra la organización.

Cáceres tenía medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de denunciar que DESA la amenazó de muerte por oponerse con manifestaciones indígenas a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio de los indígenas lenca.

El biólogo Rodríguez, uno de los acusados, rechazó los cargos en una carta pública. “Desde aquí les digo nuevamente a ustedes y al mundo que soy inocente”, escribió.

“Se ha cometido una injusticia que es posible reparar solo con la verdad. En este proceso han existido arbitrariedades, falsos testimonios y manipulación de pruebas”, agregó.

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