6 de marzo de 2015 21:08

Activistas consideran que se debe acatar observación de la Cedaw

El Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) recomendó a las autoridades ecuatorianas la despenalización del aborto. Foto: Pixabay

El Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) recomendó a las autoridades ecuatorianas la despenalización del aborto. Foto: Pixabay

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Ana María Carvajal
Redactora (I)

El Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó al Ecuador que se despenalice el aborto, “en casos de violación, incesto o de grave malformación del feto”, según difundió la agencia EFE este viernes 6 de marzo del 2015.

El 19 de febrero pasado, tanto el Gobierno Nacional como movimientos que promueven la defensa de los derechos de la mujer acudieron a Ginebra para presentar informes sobre la situación actual en el país, en cuanto a género.

Silvia Buendía, de la Plataforma de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, formó parte de la delegación de organismos ciudadanos que participó en este encuentro que tenía por objeto evaluar lo que ocurre en Ecuador frente a problemáticas relacionadas con la mujer. “Lo que nos dijeron es que el que Ecuador no despenalice el aborto en caso de violación es una forma de tortura y trato inhumano. Es fortísimo eso y no es cierto lo que dice la delegación oficial de que dijeron que todo estaba bien”.

Buendía critica que en este momento haya 58 mujeres judicializadas por aborto en el país. “Han sido interrogadas por la Policía sin presencia de abogado. Eso es inconstitucional. Tienen derecho a la defensa”, dice. Estos y otros argumentos fueron presentados y sirvieron de base para la recomendación que emitió CEDAW.

Según EFE, la recomendación de este organismo internacional se manifestó porque “las discusiones parlamentarias respecto al Código Penal no tomaron en cuenta la despenalización del aborto incluso en casos de embarazos consecuencia de una violación, de incesto o de grave malformación del feto”.

Precisamente en octubre del 2013, las asambleístas Paola Pabón y Gina Godoy fueron tildadas de traidoras por el presidente Rafael Correa, luego de que propusieran que la despenalización del aborto en casos de violación fuera tratada durante el debate para definir el Código Integral Penal. Este diario intentó obtener reacciones al respecto de ambas asambleístas hasta las 18:00 del viernes 6 de marzo del 2015, sin éxito.

El movimiento País abrió un expediente disciplinaro en contra de ambas asambleístas por este motivo. En ese entonces, Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea, mostró a través de Twitter su respaldo a Pabón y a Godoy. Alvarado tampoco se manifestó sobre la recomendación de CEDAW ni contestó llamadas telefónicas.

Buendía considera que las “si el Presidente amenaza a estas señoras incluso con revocatoria del mandato y con otras cosas y en Ginebra y les dicen que es un tratamiento inhumano y una forma de tortura no despenalizar el aborto en casos de violación en el Ecuador, les están poniendo el dedo en la llaga. No creo que ellas puedan hacer nada porque ya vimos que en octubre del 2013 no se pudo hacer nada. Ellas agacharon la cabeza, pero sería maravilloso que ellas desde el feminismo que las anima como personas y como políticas y asambleístas pudieran decir: Presidente, ¿se acuerda que nosotras propusimos que debatamos por lo menos el tema? Ahora tenemos un jalón de orejas internacional. Es el obsequio que nos están dando en la antesala del Día de la Mujer”.


El informe de CEDAW pide que se sigan recomendaciones del Comité sobre Salud y que se implemente “como una prioridad las Directrices de la Práctica Clínica para los abortos terapéuticos y forme a los actores sanitarios para que las condiciones para un aborto terapéutico sean interpretadas de una manera uniforme en todo el país… el limitado acceso que las mujeres tienen al aborto terapéutico tiene como consecuencia la realización de interrupciones del embarazo no seguras".

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