3 de February de 2010 00:00

2 300 reclamos en contra de Air Comet

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Roxana Cazco

El embajador de Ecuador en España, Galo Chiriboga, presentó a la Audiencia Nacional de la Península un listado de 2 300 ecuatorianos afectados por el cierre de la compañía Air Comet.

La acción responde a un comunicado enviado por la Fiscalía, que solicita a la Embajada y a la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), que remitan el número de reclamos.

La Fiscalía anexará estos documentos a la investigación que realiza para determinar si hubo delito de estafa por parte de los directivos de la aerolínea, al supuestamente autorizar la venta de boletos. Esto, pese a saber de la situación económica de la compañía, lo que hacía inminente su quiebra. Según las asociaciones de usuarios, Air Comet vendió billetes incluso el 18 de diciembre, día en que un juez británico ordenó cesar la venta.

De la cifra aportada por el Embajador, 700 personas corresponden a reclamaciones registradas en los consulados ecuatorianos en España y en la Senami. Y 1 600 a ciudadanos ecuatorianos identificados en Guayaquil.

El diplomático cree que las denuncias recogidas en la Senami-Quito ya están en posesión de la Audiencia Nacional.

El documento incluye nombres, teléfonos y correos electrónicos de los perjudicados.

El Gobierno ecuatoriano -dijo Chiriboga a su entrada a la Audiencia Nacional en Madrid- espera que se cumpla “la institucionalidad democrática española. Nuestra intención no es influenciar, sino cooperar con la información que nos piden y que los fiscales de forma autónoma resuelvan lo que corresponde”. Además, informó que muchos de los ciudadanos que se incluyen en la lista siguen en Guayaquil “en situación precaria”, pues hicieron un gran esfuerzo económico para viajar con su familia -de entre cuatro y cinco miembros- lo que hace más difícil el retorno a España.

A su vez, el viceministro de la Senami, Alexis Rivas, de visita el pasado sábado en Madrid, informó que, por ahora, el Gobierno ecuatoriano descartó denunciar a Air Comet por estafa.

Así se había previsto inicialmente. Rivas cree que las diligencias de la Audiencia Nacional, entre las que se toma en cuenta a los perjudicados ecuatorianos, es suficiente. “No estamos hablando de un juicio del Estado ecuatoriano contra una empresa”, aclaró el funcionario.

La intervención del Estado será más bien como representante de los compatriotas en el concurso de acreedores de la aerolínea. Se intentará obtener el dinero invertido en los boletos así como una indemnización.

Para ello es necesario registrarse en la Secretaría Nacional del Migrante, abierta en Madrid o en cualquiera de los 13 consulados ecuatorianos en España.

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