El abogado Luis Molina dijo ayer en la Fiscalía que Correa no ampliaría su versión. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El expresidente Rafael Correa decidió no presentarse para ampliar su versión sobre el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, pese a que él la solicitó.
La diligencia estaba prevista para las 12:00 de ayer. El exjefe de Estado debía comparecer desde el Consulado de Ecuador en Bélgica a través de videoconferencia.
Minutos antes de la hora programada, Luis Molina, uno de sus abogados, llegó hasta la Fiscalía General, en Quito. Antes de ingresar informó que su defendido no declararía porque “no existen las garantías adecuadas” para que lo haga.
Al ser consultado sobre qué tipo de garantías necesita señaló: “No se trata de poner condiciones, sino que ha sido público y notorio que existió desproporción en ordenar la prisión preventiva y tendríamos que esperar que se lleve a cabo la audiencia de apelación (a la prisión)”.
También, dijo que se ha evidenciado una “falta de independencia judicial”. Y se refirió a la posibilidad de que su cliente pida asilo en Bélgica, donde reside con su familia. “Una de las decisiones muy personales del expresidente Correa es la determinación de un asilo”.
Adelantó que presentarán un escrito para solicitar una nueva fecha para que Correa amplíe su versión, porque “él siempre ha tenido la predisposición de hacerlo”.
Quien sí llegó a la Fiscalía fue Balda, que esperaba participar de la versión en calidad de víctima.
Cuatro horas antes de la comparecencia del expresidente Correa se hicieron públicos documentos desclasificados de la Secretaría de Inteligencia que revelan más detalles del caso.
Se trata de información sobre la denominada operación Guayacán y que ahora es parte del expediente.
Entre los documentos consta la propuesta de un estudio jurídico de Bogotá para prestar acompañamiento legal a los policías de Inteligencia del Ecuador: Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Ellos están detenidos desde el pasado 19 de marzo, por secuestro.
El escrito, de cuatro páginas, fue emitido el 17 de febrero del 2016 y está dirigido al exsecretario jurídico de la Senain, Xavier Redrován, quien habría solicitado asesoría jurídica para conocer la situación legal de los dos agentes en Bogotá, tras el plagio de Balda.
En los documentos, los abogados colombianos dicen que lograron corroborar que los dos agentes ecuatorianos fueron vinculados al proceso que abrió la Fiscalía en Colombia. En este juicio ya se dictó sentencia de 5 años de prisión para cinco personas involucradas.
Allí también se indica que en caso de formalizar la contratación de sus servicios, el monto de sus honorarios sería de USD 200 000.
Según Balda, en total son 500 hojas sobre su secuestro que confirman que fue ordenado desde el Estado.
“Él (Rafael Correa) no quería darle la cara el país porque sabía que con el expediente de la operación Guayacán quedó desenmascarado”.
Los datos hechos públicos ayer coinciden con el testimonio anticipado que Chicaiza rindió en la Corte.
Él indicó ante la jueza Daniella Camacho que el exdirector de la Senain, Rommy Vallejo, dispuso que Redrován tomara contacto con los abogados de Colombia para verificar su estado judicial.
Felipe Rodríguez, abogado de Balda, también se pronunció ayer en los exteriores de la Fiscalía. Dijo que no solo la Fiscalía ecuatoriana investiga a Correa, pues podría abrirse una indagación desde Colombia por haber violado la soberanía de ese país.
“Si ellos querían hacer un operativo legal debían hacerlo en coordinación con las autoridades colombianas y no fue así”.
Para Correa, este caso es una “persecución política”. Ayer escribió en su cuenta de Twitter: La “delación premiada” (cooperación eficaz), para tener validez debe ser respaldada con pruebas, de lo contrario estamos a merced de los falsos testimonios. Eso es lo que han utilizado en el caso Balda. Saben que jamás podrán encontrar una sola prueba contra mí”.
Sobre el pedido de asilo en Bélgica, el abogado Molina aprovechó para señalar que les “llama la atención” la rapidez con la que han actuado los funcionarios consulares que emitieron escritos con relación a la situación jurídica del exjefe de Estado.
Añadió que ellos “actúan antes de que se establezcan los procedimientos”.
