En la oficina de la Presidencia de la Corte de Justicia de Chimborazo se inició hoy, miércoles 12 de mayo del 2013, la audiencia pública en la que se juzgará la responsabilidad o inocencia del alcalde removido de Riobamba, Juan Salazar. El Burgomaestre está acusado de un supuesto peculado por el mal manejo de las claves y coordenadas de la cuenta del Municipio en el Banco Central del Ecuador. Eso ocasionó la transferencia ilegal de USD 13 308 000 a 31 personas en todo el país. Salazar no está presente en el trámite judicial, pero sí su esposa Mariela Hidalgo y su abogado Marcelo Ron. “Esperamos que hoy triunfe la verdad. Estamos optimistas, confiamos en que se haga justicia”, explicó Hidalgo antes de ingresar a la audiencia. En los exteriores de la oficina, tres policías custodian la entrada. No se permitió el ingreso de ningún funcionario municipal, ni de la prensa. Entre tanto, en las afueras del edificio judicial moradores de los barrios de la ciudad, portando carteles en la mano, g
Si usted es de aquellas personas que utiliza una misma contraseña para acceder a su correo electrónico, a sus redes sociales, para ingresar a su computador y hasta para manejar sus cuentas bancarias, existe un 80% de probabilidades de que se convierta en víctima de un robo o de fraude electrónico.
En 1949 la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con la Corte Superior de Riobamba y el Juez Primero del Crimen, conocieron y juzgaron el caso de un desfalco producido en la Gerencia de Estancos, por la cantidad de 12 986,49 sucres.
Está considerado por Ameripol, la Comunidad de Policías de América, como el ‘zar’ de la clonación de tarjetas bancarias en Sudamérica y es requerido por las autoridades judiciales de al menos ocho países. Jorge P., conocido con el alias de ‘Pachoviola’, fue capturado en Bogotá.
El fraude en el comercio electrónico y el robo de información confidencial (‘phishing’) a bancos supera los USD 93 000 millones por año en América Latina, se informó en una reunión de proveedores y operadores de Internet (Lacnic), en Buenos Aires.
Alas 16:30, una delegación de trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) fue a la Fiscalía General, para denunciar la sustracción de USD 20 000 de las cuentas bancarias de 30 funcionarios de esa institución.