Una de las funciones de los agentes, que pertenecen al eje investigativo de la Policía, es trabajar bajo la dirección de los fiscales para esclarecer hechos delictivos
El expediente relacionado con presunta delincuencia organizada en la adquisición de pruebas covid-19 volverá a investigación previa.
El expediente del caso Singue tiene 33 000 hojas. Allí constan las pruebas que la Fiscalía recopiló en contra de 15 procesados por presunto peculado, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) suspendió los plazos y términos para los procesos penales mientras dure la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Así busca que no se declaren caducidades en casos que están en marcha.
Por ahora solo está levantada una base de datos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) sabe que hay 20 288 funcionarios públicos que movieron 14,6 millones hacia paraísos fiscales; principalmente a Panamá, Luxemburgo, Puerto Rico, Andorra, San Vicente y Chipre.
La Fiscalía de Azuay activó siete investigaciones penales en contra de un profesor por presuntas agresiones sexuales a sus alumnas. La última denuncia se tramitó anteayer en un juzgado de Cuenca.
La disposición es obligatoria. Todos los jueces del país que conozcan procesos penales por drogas podrán acumular las penas que corresponden a cada sustancia incautada. Por ejemplo, si una persona es arrestada con un kilo de cocaína (clasificada penalmente como tráfico en alta escala) y 21 gramos de marihuana (mediana escala), se sumarán las penas de cada una. Hasta siete años de cárcel por la cocaína y tres años más por la marihuana. Al final, la sentencia sería de 10 años de reclusión mayor.